La mañana de este miércoles, en conferencia de prensa afuera de la SCJN, donde entregó un oficio a Norma Piña y a todos los ministros de la Corte, José Humbertus Pérez Espinoza, presidente de la organización mencionada refirió que la Controversia resuelve que las autoridades que hayan recibido dinero con motivo de la autorización del conjunto urbano lo restituyan al municipio, incluso con las consecuencias legales de la retención, toda vez que hoy el Edomex enfrenta un quebranto financiero por 185 mil millones de pesos por 369 conjuntos urbanos autorizados desde el gobierno de Arturo Montiel hasta la fecha.
Por ello, los acuerdos de autorización de conjuntos urbanos expedidos después del 2005 para la construcción de los conjuntos habitacionales Urbi Quinta Montecarlo y Urbi Quinta Hacienda Balboa ubicados en Cuautitlán Izcalli, son inconstitucionales por las ilícitas licencias de uso de suelo, y por el acuerdo sexto en donde se otorgan el dinero o las fianzas para la autorización de su construcción, a favor del Gobierno del Estado de México por el 100 por ciento de su valor y para garantizar la entrega de las obras de urbanización y equipamiento.
El citado Acuerdo Sexto es inconstitucional, toda vez que se tiene que restituir este dinero o las fianzas al municipio, como lo señaló el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en la sesión del 14 de octubre de 2008, subrayó.
Aseveró que como presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, Paulina Alejandra del Moral simuló el acta de entrega recepción de las obras de urbanización del Conjunto Urbi Hacienda Balboa, que señala que se entregan de manera parcial 26 mil 129 metros cuadrados de obras cuando solo fueron vialidades tal como lo establece el acta de entrega parcial del 3 de diciembre de 2009.
Las obras de urbanización que simularon entregar en el Gobierno de Del Moral fueron red de distribución de agua potable hasta la toma domiciliaria y los sistemas para el ahorro, reúso y tratamiento del agua, red separada de drenaje pluvial y sanitario, sistemas para su manejo, tratamiento y para infiltración del agua pluvial al subsuelo, red de distribución eléctrica y red de alumbrado público.
“Las obras de urbanización aún no han sido entregadas y municipalizadas, pero Alejandra del Moral es la responsable por haber legitimado y devuelto a la empresa constructora las fianzas para garantizar las obras de urbanización por la cantidad de 115.5 millones de pesos, sin que se realizaran y no tenían que haberse vendido las 1049 viviendas ni haber protocolizado ante notarios públicos los contrato de compra venta y los contratos de interés y garantía hipotecaria”, denunció el activista.
Pero lo más grave de Alejandra del Moral es el incumplimiento a la Controversia Constitucional 66/2005 y desacatar lo ordenado por los 11 ministros de la SCJN y sobre todo porque no exigió la devolución de los recursos de las fianzas, por lo que las averiguaciones previas no han prescrito del fuero común AP AV/PRE/11/14/2011 radicada en la FGJEM y la del fuero federal AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/32/2011 radicada en la FGR.
Al respecto, el diputado Faustino de la Cruz, integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Urbano subrayó que Alejandra del Moral que presume en sus mítines de no haber sido observada por irregularidades en alguno de sus cargos, debe responder por esta denuncia que afectó a miles de familias del municipio que gobernó.
“Es menester que se revise y se deslinde toda responsabilidad de la hoy candidata del PRI, nadie puede estar por encima de la ley”, aseveró el diputado de Morena.
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