El grupo delictivo sospechó que los fraudes de tipo inmobiliario que realizaba se descubrieron por información que se filtró desde el interior de alguno de los centros.
Un “empleo” que parecía como cualquier otro derivó en la desaparición del grupo de jóvenes entre el 20 y 22 de mayo, y posteriormente en su asesinato, en una trama que apunta a los tentáculos del crimen organizado más allá de las fronteras del país, sin que las autoridades logren hasta ahora explicar desde cuándo y cómo operaban dichos centros en una supuesta normalidad, pero en realidad sin permisos y en la clandestinidad desde varios inmuebles de Zapopan.
Uno de los call centers aparece en documentos públicos como propiedad de la familia Rosales Ayllon, vinculada en negocios con Rafael Orendain Parra, coordinador de Proyectos Estratégicos del gobierno municipal de Guadalajara.
Además de ser colaborador cercano del alcalde Pablo Lemus –quien llegó a la alcaldía como candidato de Movimiento Ciudadano–, Orendain fue parte del equipo de campaña del gobernador emecista Enrique Alfaro, de quien es amigo cercano.
Las ocho personas desaparecidas, cuyos restos fueron localizados en 50 bolsas arrojadas a un barranco en la colonia Mirador Escondido, en el mismo Zapopan, fueron identificados el martes 6 con pruebas de ADN.
La primera noticia relacionada con la desaparición del grupo de jóvenes fue que todos laboraban en una supuesta empresa de ventas telefónicas (call center).
Pero el 27 de abril último el gobierno estadunidense advirtió que el CJNG estaría cometiendo fraudes contra sus ciudadanos de la tercera edad a través de un conglomerado de ocho empresas de tiempos compartidos.
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