No sólo se trata de la intensa vigilancia de los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP), con tecnología de guerra, y de la militarización de la línea divisoria para detener a los migrantes que cruzan de manera irregular a territorio estadounidense, sino de las políticas contra los indocumentados que ya están dentro del país, quienes, a pesar de su estatus forma parte de la maquinaria que mueve a la economía de EU.
“Hay estados [de la Unión Americana] a los que los migrantes no deben acudir por su propia seguridad. Florida es el principal, pero Texas no se queda atrás”, comenta desde Los Ángeles, California, la vocería de la Coalición de los Derechos Humanos para Inmigrantes (CHIRLA). “Estos dos estados son los que más han desarrollado políticas injustas e inhumanas contra familias y trabajadores que aportan muchos a este país”.
Hay 26 gobernadores republicanos en la Unión Americana, cada uno con su propia visión antiinmigrante, y son liderados por Ron DeSantis, en Florida, y Greg Abbott, en Texas.
“Todo lo han estado haciendo como su estrategia política, primero para su reelección [en 2022] y ahora [en 2023] porque los dos quieren ser candidatos [republicanos] para presidente [de Estados Unidos]”, declaró Enrique Morones, fundador de Gente Unida desde California; “son una muy mala copia de Trump”, señala. Morones, quien también fundó y dirigió Ángeles de la Frontera recordó la manera inhumana y fraudulenta con que en 2022 Abbott y DeSantis trasladaron por tierra y aire, mintiendo, a migrantes desde Texas hacia California, Washington y Nueva York. De Santis volvió a hacerlo, con dos vuelos el 2 y 5 de junio.
“Eso no se hace, como si estuvieran moviendo a esclavos como en los siglos pasados. Es totalmente discriminatorio y humillante”, afirma.
De acuerdo con información de los gobiernos de Texas y de Florida, ambos cuentan cada año con recursos autorizados para seguir sacando migrantes sin documentos de sus estados con rumbo a ciudades gobernadas por los demócratas.
El 1 de julio entra en vigor la ley HB1718 de Florida, considerada la más antiinmigrante jamás firmada por algún gobernante en la Unión Americana.
Entre sus medidas más drásticas está no otorgar licencias de manejo a indocumentados ni reconocer las expedidas en otros estados; considerar criminal a quien transporte al interior de Florida a algún indocumentado; obliga a clínicas y hospitales a pedir el estatus legal de sus pacientes y reportarlos al estado, así como a la aplicación del sistema E-Verify a empresas con 25 o más trabajadores para detectar si son indocumentados y reportarlos.
“Esto apenas comienza, nos vamos a defender de esa ley”, dijo un miembro de la Coalición de Inmigrantes de Florida. “En el pecado llevan la penitencia”, dice el vocero de la Coalición. “Lamentablemente han comenzado a irse muchos trabajadores y varias industrias ya están sintiendo la falta de trabajadores”.
El cónsul general de México en Miami, Jonathan Chait, implementó asesorías jurídicas para migrantes mexicanos y no mexicanos en las instalaciones del consulado, con expertos en el tema, para orientarlos respecto a lo que esta ley dice y resolver las dudas que tengan.
Mientras, la administración del presidente Joe Biden ha respondido a las presiones políticas para reforzar también la frontera y reprimir a indocumentados que intentan entrar y a los que solicitan asilo; todo bajo la premisa de que la seguridad fronteriza es nacional.
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