Informó que esto se pudo detectar con la integración de un grupo intersecretarial conformado por la Secretaría de Gobernación, de Hacienda, Seguridad, Función Pública, Agricultura y Segalmex coordinado por la procuraduría que encabeza, las cuales han sostenido 65 reuniones.
Las entidades de gobierno involucradas en el hecho y la investigación han interpuesto 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República, contra 87 personas por un monto de 4 mil 900 millones de pesos.
Por parte de Segalmex, Diconsa y Liconsa se interpusieron 55 denuncias; la Procuraduría Fiscal, cuatro; la Unidad de Inteligencia Financiera, nueve; y una más por la Secretaría de la Función Pública.
Los delitos son uso ilícito de atribuciones y facultades, defraudación fiscal, captación irregular de recursos, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recurso de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Un ejemplo de los documentos que se intentaron ocultar es el millón 200 mil documentos y facturas que Segalmex recuperó en todo el país y que sus versiones originales “fueron sustraídos dolosamente de los archivos centrales para a impedir que las denuncias puedan sustentarse”, indicó.
De las personas denunciadas, 41 son exservidores públicos y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas vinculadas a los hechos delictivos.
Medina Padilla explicó que dentro de los expedientes investigados se encuentra el uso ilícito de atribuciones y facultades y el desvío de recursos públicos por realizar inversiones bursátiles de alto riesgo por 800 mdp.
“Se le denunció por compra de bonos basura, papel sin valor con dinero público, el dinero fue recuperado y reintegrado en su totalidad, así como parte de los intereses y los restantes están en proceso de recuperación”, indicó.
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