La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo emitió una protesta por la decisión del máximo tribunal de invalidar la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, con el argumento de que hubo violaciones al procedimiento legislativo.
Según laPresidencia de la República, el máximo tribunal faltó a su deber de analizar la constitucionalidad de la ley y “declara su invalidez so pretexto de violaciones a formalismos procedimentales de carácter reglamentario”.
La determinación de la SCJN invade las facultades del Congreso de la Unión al prever requisitos adicionales al trabajo legislativo en comisiones, y se separa de su propia jurisprudencia que establece que las irregularidades en el proceso legislativo no invalidan normas cuando son aprobadas por los plenos de las cámaras de Diputados y de Senadores.
Presidencia afirma que la SCJN debe respetar los procedimientos internos del Poder Legislativo, “así como éste y el Ejecutivo lo hacen con el Poder Judicial”.
En la parte final de su comunicado, dice que de continuar con este tipo de fallos “La SCJN pone en riesgo la democracia” y crea una situación de incertidumbre jurídica que impide el funcionamiento eficaz de los otros Poderes de la Unión, en detrimento del necesario equilibrio de poderes que debe regir a todo Estado democrático constitucional.
La Suprema Corte invalidó la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, publicado el 3 de junio de 2021.
La decisión se tomó por mayoría de 8 votos de sus 11 integrantes; solo votaron en contra Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar.
La Corte determinó que el Congreso violó el principio de deliberación informada y democrática, así como a los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.
En particular, la Corte resolvió que se violó el procedimiento legislativo.
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