El 23 de febrero de este año, la Contraloría emitió la sanción que impide a Aureoles Conejo ocupar cargos públicos o de representación popular durante 11 meses.
Lo anterior se originó porque no presentó la declaración patrimonial al término de su gestión como mandatario estatal.
La ley estatal establece que estaba obligado a rendir su declaración patrimonial final en los 40 días posteriores a su separación del cargo de gobernador de Michoacán.
Su periodo terminó el 30 de septiembre de 2021, pero entregó su declaración hasta el día 29 de octubre de 2022.
Además, omitió presentar la modificación de su declaración en mayo de 2021, la cual presentó más de un año después del plazo que establece la normatividad.
Ya inhabilitado, Aureoles Conejo inició un recorrido en el país para presentarse como aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República, a pesar de que no son los tiempos legales para ello.
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