El planteamiento del líder de la bancada de Morena para reformar y adicionar 27 Artículos de la Ley Orgánica del TRIJAEM, tiene como objetivo dotar de verdadera eficacia al servicio prestado, a las y los ciudadanos mexiquenses, por dicho Tribunal; así como transformar y apuntalar el desempeño y operatividad de sus órganos de dirección.
Durante la reunión de trabajo de las y los diputados que integran la comisión de Procuración y Administración de Justicia presidida por Gerardo Ulloa Pérez, se realizó un recuento cronológico de la evolución del Tribunal, resaltando sus 36 años de vida institucional y atribuciones, entre las cuales está la de substanciar y resolver procedimientos por faltas administrativas graves, así como otorgar seguridad jurídica en materia administrativa y fiscal de manera imparcial, pronta, completa, independiente y gratuita, para mantener la armonía y estabilidad en las relaciones que se dan entre las y los ciudadanos con las autoridades estatales y municipales.
Maurilio Hernández puntualiza en su propuesta que actualmente el Tribunal se encuentra integrado por cuatro secciones, tres de las cuales tienen competencia en jurisdicción ordinaria administrativa y una especializada en responsabilidades administrativas y nueve salas regionales, dos de la cuales tienen, también, competencia especializada y siete en jurisdicción ordinaria, además cuenta con dos Magistrados Supernumerarios y un Magistrado Consultor.
Y añade que, de acuerdo con datos del mismo Tribunal, los juicios administrativos y fiscales se incrementaron en 13.19% durante el año 2022 y que pese a tener presupuesto relevante para hacer sus tareas sustantivas éste no se ejerce en su totalidad, lo que desencadena subejercicios, es decir que no invierte lo que tenía programado y autorizado a gastar.
Precisa la iniciativa, se propone que el TRIJAEM, dadas sus condiciones financieras, debe ser más eficaz en el ejercicio de su presupuesto para proporcionar a los gobernados mejores condiciones en los procesos de justicia administrativa para que estos sean más expeditos y de calidad.
“Se propone que las actuales Magistraturas de Supernumerarias se transformen en nuevas Salas Regionales, así como repensar la funcionalidad de la Consultiva que como se ha visto en realidad aporta muy poco a la actividad propia de ese Tribunal, dado que es evidente que las cargas de trabajo de ese órgano constitucional autónomo se han venido incrementando, especialmente, respecto de las Salas Regionales con residencia en Toluca y la falta de atención a la población del oriente del Estado de México, que bien podrían tener alivio al aprobar la presente reforma planteada en sus términos”, precisa la propuesta.
También plantea la necesidad de retomar que algunas de las atribuciones que actualmente tiene asignadas la Junta de Gobierno sean reintegradas al órgano del Tribunal con mayor representatividad, como lo es el Pleno.
Por otra parte, se propone eliminar la facultad de la Junta de Gobierno para que emita opiniones técnicas en materia de responsabilidades administrativas respecto de servidores públicos con actividades jurisdiccionales, al considerar que ello altera el procedimiento previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la ley de la materia en el Estado de México que no hace excepción alguna respecto de este tipo de servidores públicos.
Además, precisa la propuesta de reforma, de que la construcción del sistema actual de responsabilidades está diseñado para que sea, en primera instancia, los Órganos de Control Interno y, en su caso el Tribunal Administrativo los que lleven estos procedimientos sin intromisión de cualquier otro órgano como lo es la Junta de Gobierno, como está establecido en la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 27 de mayo de 2015.
Tras escuchar la propuesta y analizar aspectos de su contenido, las y los diputados de la comisión de Procuración y Administración de Justicia, acordaron solicitar la presencia del personal del TRIJAEM, previa autorización de la Junta de Coordinación Política, para escuchar la opinión de sus titulares.
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