Tras la carta que envío Luisa María Alcalde, titular de Segob, a la Suprema Corte, esta, en primer término, respondió que los preceptos citados en su escrito “no constituyen el fundamento jurídico para que la Secretaría de Gobernación realice una petición de esa naturaleza”.
La Corte abundó que en “ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la Suprema Corte ejerce una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes, bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”.
La SCJN recordó que, en 2019, se declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones, ya que el Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar las remuneraciones empezando por las del Presidente de la República”.
Según la Suprema Corte, la falta de objetividad en la ley para fijar los topes salariales “influye en todo el sistema de remuneraciones, porque (la del Presidente) es el referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público, permitiendo con ello una discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad de la función pública”.
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