¿Cómo consiguieron la red de sobornos Odebrecht, los artífices del expolio de 2,000 millones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y una generosa nómina de dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano para ocultar sin levantar sospechas sus secretos financieros más inconfesables en un pequeño banco a más de 9,300 kilómetros de Ciudad de México? La respuesta hay que buscarla en la operación diaria de la Banca Privada d’Andorra (BPA).
Y en las comunicaciones internas de esta institución financiera que, con 7,000 millones gestionados, se convirtió en la cuarta entidad de Andorra, un microestado de 79,000 habitantes entre España y Francia, blindado hasta 2017 por el secreto bancario.
El rastreo de las misivas da una idea de cómo este banco pudo acoger sin activar las alarmas los fondos bajo sospecha de mandatarios del PRI como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; la senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la formación tricolor Manlio Fabio Beltrones; o Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Todos, casos destapados por EL PAÍS.
Y es que los correos de extrabajadores apuntan a que la dirección de este banco, que en 2012 acogía 174 clientes mexicanos que manejaban 2430 millones, conocía su operativa anómala. “Delito”, “ilegal”, “tapadera” o “situación irregular” recogen las misivas, que también advertían del precipicio penal al que podía abocar este modus operandis. “Cárcel o inhabilitación de hasta 10 años”, temían los exempleados.
Higini Cierco, uno de los propietarios del banco, niega las acusaciones, califica la entidad de “modélica” y dice que “operaba en la legalidad”.
Los correos electrónicos revelan cómo los extrabajadores de las filiales de la BPA en Argentina, México y Uruguay transportaban la documentación sensible de sus clientes en maletas y fundas de ordenador. También, cómo temían inspecciones de reguladores y auguraban acabar “en la cárcel”. “300 hojas en la bolsa del portátil o en una mochila son difíciles de ocultar”, pronosticaba en julio de 2009 un empleado en un correo con copia al ex responsable del área internacional Pablo Laplana y al exdirector general adjunto Xavier Mayol. “El transporte de documentación tiene repercusión de delito penal, me voy a la cárcel y con eso no juego ni se lo permito a nadie”, recelaba otro trabajador un mes después en una misiva remitida a los citados exejecutivos.
En un correo dirigido a cuatro exdirectivos, entre los que se encontraba Laplana, una empleada se mostraba en 2009 comprensiva con los miembros de la plantilla reacios a transportar información sensible de cheques y tarjetas de crédito de clientes. “El tema es más delicado. Quien tenga miedo, mejor que se abstenga porque es por la única razón, la evasión de divisas, que te detienen, es delito penal, seas residente donde seas”, apuntaba. Otro mensaje de diciembre de 2011 reconocía las anomalías en Latinoamérica: “En Uruguay estamos en una situación irregular que puede comportar sanciones económicas de hasta 300,000 dólares e inhabilitación de hasta 10 años”.
Según las comunicaciones, la dirección del banco maniobró presuntamente para mantener a buen recaudo la información de clientes que colocaron en la entidad fondos a través de casas de cambio, un mecanismo que la Policía de Andorra conecta con tramas de blanqueo por la dificultad de rastrear el origen del dinero. La divulgación de esta información comportaba —según otro correo— “un enorme riesgo para los de aquí y para el banco en caso de una inspección”. “
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