La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por mayoría de votos, que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, cometió violencia política en razón de género contra diputadas federales del PRI y, por tanto, debe ser inscrita en el registro de personas sancionadas por violencia política de género.
Esto quiere decir que, de aplicase la Ley 3de3 contra la violencia, la abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) podría perder el cargo que obtuvo a través de la voluntad popular al pasar a formar parte del padrón de violentadores de mujeres.
Durante la transmisión de un programa en vivo de Martes de Jaguar, la gobernadora aseguró que un grupo de mujeres envió fotos íntimas a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, ello para que se les garantice un lugar en la Cámara de Diputados.
En ese programa, Sansores San Román asumió que por ese motivo encontró el material sensible en equipos de cómputo relacionados a Moreno Cárdenas. Y fue a partir de esto que desprestigió la figura de Alito Moreno y lo acusó de misógino; sin embargo, las presuntas víctimas decidieron actuar contra la gobernadora.
“Esta controversia se originó cuando diversas diputadas federales del PRI denunciaron a la gobernadora de Campeche por expresiones difundidas en un episodio del programa Martes del Jaguar. Las expresiones denunciadas señalaban que algunas legisladoras enviaron fotografías íntimas al presidente de este partido a cambio de una candidatura o favor político”, señaló el Tribunal Electoral en un comunicado.
De tal modo que el Pleno de la Sala Superior confirmó que “las expresiones que fueron denunciadas (además de Sansores, el dirigente de Morena en Campeche y los titulares de Comunicación Social y del Sistema de Televisión y Radio del estado) sí constituyeron violencia política de género y reafirmó la necesidad de inscribir a la gobernadora y las demás personas responsables en el registro de personas sancionadas”.
Aunque aún no está definido, con la recién aprobación de la iniciativa conocida como Ley 3de3 Contra la Violencia, se determinó que las personas que quieran acceder a un cargo público y estén registrados como violentadores de mujeres o que sean deudores alimenticios morosos no podrán hacerlo.
De igual modo, las personas servidoras públicas que cometan dicha infracción podrían ser removidos de su cargo, tal como le ocurrió al senador Eli César Cervantes, de Morena, al ser ratificado por un juez como deudor alimentario moroso.
Cabe recordar que el escenario de que se utilizaría la 3de3 para golpear a la izquierda en México fue advertido por Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia del PT, quien declaró que el Poder Judicial es el último vestigio de la derecha y que éste sería utilizado para arremeter contra dirigentes, tanto hombres como mujeres, para destruir carreras políticas.
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