Por unanimidad de votos, las y los magistrados confirmaron la decisión del INE de cobrarle a Morena esos millones, pues consideraron que los partidos políticos están obligados a devolver los remanentes del financiamiento público y privado de conformidad con las leyes vigentes.
El conflicto se originó a partir de la publicación del plan B que modificó la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el manejo de los remanentes.
Según ese texto, los partidos políticos podrían utilizar los remanentes para cumplir con sus objetivos constitucionales en ejercicios fiscales posteriores, así como para la siguiente elección federal o local.
Morena le pidió a la Dirección de Prerrogativas ajustarse a esta nueva norma y le avisó que sus Comités Ejecutivos Estatales y el Comité Ejecutivo Nacional utilizarían los remanentes de los ejercicios 2018 a 2021, para el ejercicio fiscal 2023 y posteriores.
En los 20 días de vigencia utilizó el dinero, 155.8 millones de pesos.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió inicialmente la aplicación de la reforma y luego la declaró inválida.
En este contexto, el Consejo General del INE le respondió a Morena que los partidos políticos deben devolver los remanentes de acuerdo con la normativa vigente, por lo que no era viable utilizarlos en ejercicios o procesos electorales posteriores.
Morena se quejó ante el Tribunal y la Sala Superior, este miércoles, confirmó la decisión del INE debido a que, ante la declaración de invalidez de la reforma por parte de la Suprema Corte, la modificación relacionada con la devolución de los remanentes había perdido validez.
0 comentarios:
Publicar un comentario