Durante la sesión de este miércoles, la mayoría de magistrados señaló que la elección del constructor del Frente Amplio y del coordinador nacional en Defensa de la Transformación son procesos internos de los partidos involucrados, por lo que no hay impedimento legal para que los participantes sigan en sus cargos.
El proyecto de la magistrada Janine Otálora incluía la renuncia, en un plazo de 48 horas, de los aspirantes, pero fue desestimada por la mayoría de los integrantes del tribunal electoral al considerarlo una medida excesiva.
Otálora insistió en que ordenar la renuncia de los participantes es una “garantía suficiente para asegurar la neutralidad y equidad, así como para prevenir el uso indebido de recursos públicos.
Los lineamientos incluyen fiscalizar los procesos internos como si fueran precampañas y establecerá un tope de gasto de 34 millones de pesos por aspirante.
Se trata de proselitismo adelantado con el que partidos arrancaron la sucesión presidencial, meses antes de que oficialmente iniciaran las precampañas.
Las encuestas también serán fiscalizadas, ya sea que las realicen empresas o personas físicas por su propia cuenta o por orden de partidos, se deberá informar a la autoridad.
También se permitirá las aportaciones de los aspirantes y militantes, pero se prevén restringir que partidos, empresas, gobiernos y organismos internacionales aporten para su proselitismo.
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