En una amplia sentencia, los magistrados Rogelio Josué Martínez Jasso, Mauricio Fernández de la Mora y Artemio Hernández González señalaron que Gutiérrez Pérez nunca convocó al juicio al Ministerio Público federal, lo que impidió que se conociera el caso en profundidad, como lo marca el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Ante dicha violación procesal, el Tribunal ordenó revocar la sentencia que ha impedido la detención de García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras la resolución, el exmandatario tamaulipeco se quedó sin algún recurso legal que frene su captura, en caso de que pise el territorio mexicano.
Igualmente, abre la posibilidad para que el gobierno de México inicie el trámite de una solicitud de detención ante autoridades extranjeras.
La orden de aprehensión a discusión en el caso fue emitida el 4 de octubre de 2022, cuando García Cabeza de Vaca ya no tenía fuero como gobernador de Tamaulipas.
El 11 de octubre de 2022, la defensa del exgobernador interpuso la acción legal “en contra de actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de México” en el Juzgado Octavo de Distrito. Dos días después, el juez Faustino Gutiérrez admitió la demanda.
A mediados de enero de 2023, los abogados de Cabeza de Vaca ampliaron la misma demanda para frenar cualquier intento por detener a su cliente.
El juzgador solicitó los informes a las partes señaladas en el juicio y, un mes después, concedió el amparo contra la orden de aprehensión en una audiencia.
Ante la resolución de Faustino Gutiérrez, la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de revisión argumentando que el agente del Ministerio Público a cargo del caso contra de Cabeza de Vaca nunca fue llamado a participar en el juicio de amparo.
El Primer Tribunal Colegiado recibió el escrito y admitió a análisis los alegatos.
En las casi 60 páginas de la sentencia se asienta que el juez octavo nunca convocó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
Los abogados de Cabeza de Vaca intentaron desestimar el recurso de revisión, alegando que el agente del Ministerio Público federal fue negligente ya que el juicio “fue un hecho públicamente conocido, puesto que se dio a conocer a través de todos los medios de comunicación relevantes a nivel nacional”.
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