“Tenemos que apelar a su condición que hoy confesó como creyente de Dios y la Virgen, y a su sensibilidad humana para hacer justicia. La ley le permite aplicar el indulto para hacer justicia a los injustamente presos. Aún tiene tiempo para hacerlo”.
En ese sentido, el proponente de la Ley de Amnistía en el Estado de México expresó sus respetos a las familias de las personas injustamente presas que, desde hace varias semanas, se mantienen en plantón afuera del Palacio de Gobierno para exigir ser escuchadas por el gobernador.
“Están resistiendo en las peores condiciones. Ya antes habían hecho una huelga de hambre y las instituciones y el Estado les ofrecieron diálogo y un mecanismo para encontrar justicia, pero no fue así. Les suspendieron ese espacio con el Poder Judicial, la Fiscalía estatal, el Poder Ejecutivo, la Comisión de Derechos Humanos del estado, incluso con la Legislatura mexiquense”.
El también presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de México advirtió que para construir justicia con dignidad y paz en la entidad, “se debe restablecer el diálogo para que las personas que son criminalizadas por ser pobres no tengan que recurrir a expresiones extremas como las que hemos tenido estos días.
Confío en que se abra nuevamente el espacio, y se den las condiciones para retomar el diálogo, no solo con el gobernador, también con el Poder Judicial, la Legislatura y la CODHEM, “y de esta forma encontrar alternativas de atención y solución a las justas demandas que no han sido escuchadas al momento”.
Max Correa recordó que durante la pasada legislatura mexiquense se recibieron alrededor de 700 solicitudes de Amnistía por delitos de alto impacto, mientras que las solicitudes de delitos de fuero común se tramitaron casi de manera directa con el Poder Judicial.
“Este tema es una asignatura pendiente del Estado de México y, en los casos de delitos de alto impacto, tenemos un retraso, por lo que la Legislatura y el Poder Judicial tienen que encontrar un mecanismo que permita atenderlos”. apuntó.
El diputado reconoció la complejidad de este tipo de casos, por lo que, a quienes solicitaron la Amnistía, se les puso como condición contar con recomendaciones de organismos de Derechos Humanos para evitar que se colaran verdaderos delincuentes a un programa, a una ley que tiene como propósito hacer justicia a los injustamente presos y a las víctimas de delitos.
Respecto a los alcances de la Ley de Amnistía en la entidad mexiquense, su autor consideró que no hay comparación con otros estados: “Fuimos más allá de la propuesta hecha por el Presidente, logrando al momento la liberación de 3 mil personas aproximadamente.
Max Correa consideró que la situación que enfrentan las personas injustamente presas y sus familiares es parte de la crisis de Derechos Humanos que se vive en el Estado de México, que tiene que ver con la falta de sensibilidad política de las autoridades estatales para construir paz y justicia para la gente.
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