El magistrado David Ezra, del distrito oeste de Texas, señaló en su fallo que la barrera, de 300 metros de longitud, constituye una “obstrucción a la capacidad navegable” del Río Bravo, y reprendió al Gobierno estatal, republicano, por no haber solicitado autorización federal antes de instalarla.
“La conducta de Texas perjudica irreparablemente la seguridad pública, la navegación y las operaciones de funcionarios de agencias federales en el Río Bravo y sus alrededores”, subrayó el juez.
El fallo también prohíbe a Texas volver a instalar boyas “o cualquier tipo de estructura” sobre el río, lo que supone una victoria para el Gobierno de Joe Biden, que presentó la demanda inicial en el tribunal en contra de la barrera flotante.
Durante el juicio, el Gobierno de Texas defendió la instalación de las boyas acusando a la administración demócrata de no defender la frontera sur ante una “invasión”, por lo que dijo haberse visto obligado a tomar medidas por su propia cuenta para “defenderse”.
El juez Ezra rechazó este argumento, asegurando que es “impactante” ya que tener esa potestad daría al gobernador de Texas “más poder que el que tiene el presidente de Estados Unidos”.
“Básicamente, el gobernador de Texas podría declarar y hacer la guerra indefinidamente en la frontera de Texas sin autorización del Congreso o supervisión de cualquier tipo”, escribió el magistrado.
A su vez, Ezra determinó que el gobierno estatal no entregó “ningún tipo de evidencia creíble de que la barrera de boyas ha reducido significativamente” la migración irregular a través del Río Bravo y que además supone una “amenaza” a la vida de las personas que intentan cruzar la frontera.
La polémica barrera forma parte de la “Operación Estrella Solitaria”, una campaña lanzada por el gobierno de Greg Abbott para abordar la migración en el estado y mostrar su oposición a las políticas de Biden.
El Gobierno de México pidió en varias ocasiones a Estados Unidos que se retirara la barrera, alegando que la mayor parte de las boyas se encontraban en su territorio.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció este miércoles la decisión emitida por la Corte Federal para el Distrito Oeste en Estados Unidos.
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