Debemos poner “en el centro a nuestras comunidades” a través de políticas sociales de educación y así desarticular esta cadena, propuso.
“Hemos querido acompañar a Colombia en la organización de este encuentro, porque hoy más que nunca es muy importante avanzar en este cambio de paradigma y abordar el problema con una mirada más integral. Tenemos que poner en el centro a nuestras comunidades, a través de políticas de educación y salud pública”, destacó la Canciller Bárcena.
El Canciller anfitrión Álvaro Leyva describió la evolución del escenario de las drogas en la región, y dijo que la premisa “Colombia sinónimo de coca” quedó atrás porque, según expuso, ahora el flagelo involucra a todos los países.
Leyva mencionó a Ecuador como ejemplo de los efectos que deja la operación de las mafias internacionales en torno a la violencia y desinstitucionalización. Un país que “nunca había sido objeto de maltratos por las mafias”, y que sufrió en un solo día 11 ataques, refirió.
Señaló que de ahí la importancia de presentar una voz única hacia el mundo desde Latinoamérica y el Caribe para llamar la atención también sobre el consumo, pues “sin oferta no hay demanda”.
Agregó que siempre en el análisis sobre el fenómeno se apunta a la responsabilidad del productor.
Desde el jueves se instalaron en Cali, una ciudad del suroccidente colombiano, expertos, funcionarios, delegados de organismos internacionales y sociedad civil de 15 países para debatir las soluciones al flagelo transnacional en el que México y Colombia comparten un especial protagonismo.
En México los cárteles y grandes organizaciones comandan la dinámica del negocio a nivel mundial, mientras Colombia es uno de los mayores productores de drogas del mundo.
Un adelanto de lo que propondrá la política de drogas del Gobierno colombiano al fin de la cumbre será el enfoque del “esfuerzo penal y punitivo” hacia las mafias del narcotráfico, sus economías ilegales, la violencia y el desplazamiento armado, explicó el Ministro de Justicia, Néstor Ozuna.
Dicho “enfoque punitivo (se orientará) contra la cocaína, no contra la hoja de coca”, recalcó Ozuna como una fórmula que le dé “oxígeno” al campesino que no ha tenido una alternativa distinta que cultivarla, planteó.
Sobre el enfoque hacia el consumo, separó a quienes tienen un uso no problemático de sustancias sicoactivas a las cuales la Constitución garantiza “el libre desarrollo de la personalidad”, mientras que aquellas que tienen un consumo problemático con afectaciones a su salud se les debe proporcionar una atención en salud pública patrocinada por el Estado, detalló.
De acuerdo con el Informe Mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2023 más de 296 millones de personas consumieron sustancias ilícitas en 2021, lo que representa un aumento del 23 por ciento respecto a la década anterior. Agregó que las personas con trastornos por consumo de drogas aumentaron en el mismo periodo a 39.5 millones, es decir, un incremento del 45 por ciento.
0 comentarios:
Publicar un comentario