Durante la reunión de trabajo donde se expuso la iniciativa y recapitulo cada uno de las etapas realizadas para conformar los 153 Artículos agrupados en 12 Títulos y 7 Artículos transitorios de la propuesta, Saroné Campos, presidente de la comisión legislativa dijo que se busca mejorar de forma sustancial la calidad del servicio educativo que ofrece el Gobierno del Estado de México a poco más de 4.4 millones de estudiantes de todos los niveles, desde preescolar hasta el nivel académico más alto.
Añadió que otro de los objetivos a alcanzar, a través de la derogación de la vieja Ley que data de hace 12 años y expedición de la nueva, es combatir el rezago educativo, el abandono y la deserción de las aulas, el acoso o bullying escolar y la obesidad infantil de las y los estudiantes.
Así como dar prioridad a la labor pedagógica de los maestros e impulsar acciones concretas para que la mayor parte de su tiempo este dedicado al proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes.
Por ello, indicó, la nueva Ley de Educación impulsa procesos que aligeran la carga administrativa y promueven un salario profesional digno a las maestras y maestros; así como el respeto a sus derechos ya reconocidos.
En la reunión de la comisión presidida por Faustino de la Cruz Pérez y María del Rosario Elizalde, se destacó la relevancia que para la sociedad tiene la función de las y los 252 mil maestros que hay en el Estado de México, los cuales se desempeñan en 24 mil 879 planteles que conforma la infraestructura educativa operativa.
Se puntualizó la intensa participación y colaboración que tuvieron especialistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como el acompañamiento de funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, los cuales estuvieron presentes en los Foros de Consulta realizados con los pueblos y comunidades indígenas: Mazahua, Otomí, Náhua, Matlatzinca y Tlahuica; así como con personas afromexicanas y mexiquenses con discapacidad y sus organizaciones representativas, además de maestros, padres de familia y otras instituciones del gobierno anterior.
Las y los diputados definieron al proyecto de Decreto como un instrumento visionario, que tiene como propósito reforzar la seguridad jurídica con la que deberá de participar cada actor involucrado en el proceso educativo, aparejada con los derechos y obligaciones que se volverán exigibles y son acordes a la política educativa impulsada por la administración encabezada por la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México.
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