La comitiva, encabezada por Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acudió al recinto legislativo para explicar a diputadas y diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las afectaciones que podrían existir si les recortan presupuesto para el 2024.
La oficial mayor Gisela Morales González aprovechó la oportunidad para hablar también sobre algunas de las repercusiones en torno a la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial en el Congreso y las posibles afectaciones para trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial en caso de que se concrete un nuevo recorte, esta vez en el presupuesto federal.
Al iniciar la reunión, Morales González recordó que la solicitud de recursos para el ejercicio fiscal 2024 del Poder Judicial considera un incremento de 3.3% en términos reales, de acuerdo con la información y expectativa de inflación determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que equivale a 2 mil 610 millones de pesos respecto al presupuesto autorizado para este año.
Sin embargo, la oficial mayor de la Suprema Corte señaló que entre los datos que reflejan la magnitud de un posible recorte al presupuesto del Poder Judicial está que la mayor parte del presupuesto solicitado por ambos órganos se destinará en un 84.5% a pagar servicios personales de más de 53 mil trabajadores.
La otra parte, aseguró, está fundamentalmente orientada al gasto de operación que se divide en dos rubros: gasto corriente y gasto de inversión.
Otro de los aspectos que expuso la oficial mayor de la SCJN en la reunión con diputadas y diputados fue respecto a la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, uno de los cuales impedirá la creación de 45 nuevos órganos jurisdiccionales, mientras que el presupuesto solicitado ante el Congreso no contempla recursos para infraestructura física.
“En el Consejo de la Judicatura Federal estamos pensando solicitar 466 millones de pesos orientados a la creación de 45 órganos jurisdiccionales: 6 Centros de Justicia Penal Federal, 3 Centros Regionales de Ejecución Penal, 22 Tribunales Laborales, 9 Juzgados de Distrito, 4 Tribunales Colegiados de Apelación y un Tribunal Colegiado”, dijo.
De acuerdo con la funcionaria, la necesidad de crear esa cantidad de órganos radica en la puesta en marcha de varias reformas constitucionales, aprobadas por el propio Congreso de la Unión, sobre todo en materia penal y laboral, que contemplan juzgados de distrito para atender asuntos de diferente índole, entre esos asuntos migratorios, de salud y en materia mercantil.
Finalmente, la oficial mayor Morales González expuso ante diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios que el aumento al presupuesto para la SCJN y el CJF es menor al crecimiento solicitado, en términos nominales, a algunas otras instituciones incluyendo otros poderes, órganos autónomos, entidades y dependencias.
Durante la sesión de preguntas por parte de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Hamlet García, del grupo parlamentario de Morena, cuestionó a los representantes del Poder Judicial sobre una partida que para el año siguiente contempla un total de 1,177 millones de pesos para pagos de riesgo.
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