CDMX, 6 octubre 2023. La tan esperada reaparición de Mexicana de Aviación ha generado controversia, ya que, a pesar de haber habilitado su sitio web y ofrecer vuelos al público, la aerolínea aún no posee la concesión necesaria para operar como servicio público de transporte aéreo nacional e internacional.
Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (Inija), ha destacado las irregularidades en este proceso.
Según Casas, Mexicana de Aviación necesita la concesión otorgada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), un documento que debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, hasta el momento, este paso crucial no ha tenido lugar, lo que plantea preguntas sobre la legitimidad de los vuelos que la aerolínea está ofreciendo.
Además, la aerolínea no ha obtenido el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Este certificado implica cumplir con una serie de requisitos, como la descripción detallada de la estructura de la aerolínea, los tipos de aeronaves a utilizar, los talleres de mantenimiento, las rutas y tarifas, entre otros aspectos. Obtener el AOC puede llevar al menos un año y es esencial para operar legalmente.
Además de la falta de certificación, Casas destacó la necesidad de que Mexicana de Aviación tenga los aviones con los que planea operar. Esta información es fundamental para establecer la capacidad operativa, los costos y las tarifas para los consumidores. Sin estos elementos en su lugar, la comercialización de boletos es una violación flagrante de la Ley de Aviación Civil, su reglamento y varios acuerdos internacionales.
La situación plantea cuestiones no solo sobre la legalidad de las operaciones actuales de Mexicana de Aviación, sino también sobre el cumplimiento de los derechos nacionales e internacionales. La aerolínea está siendo acusada de ignorar las normativas que fueron evaluadas para el retorno de México a la Categoría 1 en seguridad aérea. Al ser una empresa de participación estatal mayoritaria, sus trabajadores y funcionarios están sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y al Código Penal, lo que podría tener implicaciones legales significativas.
Este caso plantea preocupaciones fundamentales sobre la seguridad, la legalidad y la transparencia en el funcionamiento de las aerolíneas, cuestionando el proceso regulatorio y la supervisión de la industria aérea en México.
viernes, 6 de octubre de 2023
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