La FGR destacó que el juez citó a una audiencia de revisión de medidas cautelares para el 1º de noviembre, apenas unas horas antes de un día festivo y un fin de semana largo, otorgando al Ministerio Público Federal un tiempo insuficiente de dos horas y media para completar los trámites correspondientes.
En esta audiencia, la FGR presentó un sólido caso con 10 imputaciones directas, 69 testimonios, 29 dictámenes periciales, 65 documentos y más de 100 grabaciones de video y pruebas demostrativas. Además, se incluyó un análisis de riesgo procesal emitido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) para demostrar la gravedad de los delitos por los que se está procesando a Jesús Murillo Karam y su impacto en el caso, que es uno de los crímenes más violentos y brutales en contra de víctimas indefensas en los últimos años en México.
La FGR también subrayó que no existe una causa grave de enfermedad que justifique la prisión domiciliaria de Murillo Karam de manera urgente. A pesar de los datos presentados y el respaldo del Ministerio Público y las víctimas, el juez optó por cambiar las medidas cautelares.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez representante de las víctimas y sus familias, se unió a la FGR en su solicitud para que no se modifique la medida cautelar de Murillo Karam. La FGR impugnará esta resolución ante la Segunda instancia y presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por las irregularidades detectadas.
Jesús Murillo Karam enfrenta acusaciones de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, todos relacionados con el caso Ayotzinapa. La FGR busca una sentencia de 82 años de prisión y una multa de un millón 792 mil 400 pesos.
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