La semana pasada, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicitó que el dinero de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se destinara a la reconstrucción del Puerto de Acapulco, devastado en días pasados por el paso del huracán Otis, al cual se canalizarán 61 mil 313 millones de pesos para la rehabilitación y reconstrucción.
La jueza Elizabeth Trejo concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se disponga de los recursos a que hace alusión el decreto, en detrimento de los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social y destacó que la suspensión no afecta el interés público al no aclarar para qué se usará el recurso.
En tanto, Froylán Muñoz, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF (JUFED), confirmó que se concedió la suspensión provisional del Decreto que propone eliminar los fideicomisos del PJF, al adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el 27 de octubre de este año en el Diario Oficial de la Federación.
Resaltó que en la sentencia se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo mediante el cual fue aprobado el Decreto, las violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial. Así como división de poderes, progresividad, seguridad social y derechos laborales adquiridos en favor de todos los que integramos la Judicatura Federal.
“Lo anterior es el derecho que tienen todas y todos los ciudadanos para que los actos de cualquier autoridad legislativa, ejecutiva e incluso judicial sean revisados a través de una sentencia a los ojos de la Constitución por un Juzgado o Tribunal Federal”.
“Con el respaldo de un Poder Judicial independiente y autónomo respetuoso del principio de la división de poderes”, subrayó.
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