La norma también incluye la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a partir del 1 de enero de 2024.
Según el decreto, la prestación de los servicios de transporte y distribución de Gas y electricidad muestra una 'creciente obsolescencia' de los activos de las empresas e insuficiente adecuación a las necesidades de los usuarios por 'la falta de renovación de las redes y su ampliación'. 'Lo expuesto precedentemente evidencia inversiones insuficientes (...) por lo que de no adoptarse medidas urgentes se profundizará la deficiente calidad de servicio descripta en perjuicio de los usuarios', explicó.
Hasta que se apruebe la revisión tarifaria con la realización de audiencias públicas, las autoridades que intervendrán el ENRE y ENARGAS podrá aprobar aumentos de tarifas transitorios y ajustes periódicos para garantizar el normal funcionamiento de los servicios correspondientes, indicó el decreto que entró en vigencia al publicarse en el boletín oficial.
Las tarifas de servicios públicos se han mantenido casi sin cambios en los últimos años, con el Estado subsidiando gran parte del consumo en un contexto de fuerte inflación y aumento de los niveles de pobreza. Esos subsidios, de unos 12,000 millones de dólares, mantienen las facturas de gas y electricidad por debajo del 15% del costo, según cálculos privados.
Milei, un economista ultraliberal, dijo que su objetivo principal es eliminar el déficit fiscal que sufre el país y normalizar los precios de la economía, aunque eso podría agravar, en una primera instancia, la tasa de inflación que ronda el 200% anual.
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