Así lo establecieron la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los máximos órganos de justicia de este país, al concluir que cualquier asunto relacionado con interinatos del Ejecutivo es exclusivo de materia electoral.
En ninguna de las sentencias de la SCJN y del TEPJF se ordenó que el gobernador interino de Nuevo León deba ser de Movimiento Ciudadano.
Y no hay juez alguno que pueda modificar o tomar una decisión contraria, por encima de lo determinado por los máximos tribunales.
“El pleno de la Suprema Corte ha considerado que los nombramientos de gobernador o gobernadora, con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho, corresponden a la materia electoral, es decir, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, indican las resoluciones.
En la sentencia del pasado 15 de noviembre de la Sala Superior, donde se resolvieron las impugnaciones de Samuel García al primer nombramiento de gobernador interino, se tumbaron los acuerdos de admisiones y suspensiones otorgadas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
Pues las magistraturas estipularon que estos tribunales “carecen de competencia para conocer controversias de índole electoral” y sus resoluciones “carecen de validez”.
Por lo que, a pesar de que Samuel García acuda a jueces locales o federales a interponer amparos o impugnaciones ante el segundo nombramiento del Congreso para la gubernatura interina, éstas podrían resultar inválidas e incluso caer en desacatos ante las determinaciones del TEPJF.
De igual forma, tanto el incidente de suspensión emitido por el ministro de la SCJN, Javier Láynez, como en la sentencia definitiva de la Sala Superior, quedó establecido que es facultad exclusiva del Congreso de Nuevo León nombrar a la persona que se quedará al frente del gobierno local mientras Samuel García se ausenta a un proceso electoral.
Pues la Constitución local establece que, “en caso de que la ausencia sea mayor a 30 días naturales, será el Congreso del estado quien habrá de designar una gubernatura interina”.
El TEPJF también explica a detalle que Samuel García en ningún momento buscó revertir la licencia que solicitó al Congreso por seis meses, del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio de 2024, para que el nombramiento del interino fuera distinta.
Por lo que recalcan que la facultad es del Congreso y no del gobernador que pide la licencia.
Y aunque Samuel García ha insistido en que la Sala Superior ordenó que el interino debe ser de Movimiento Ciudadano, esto no forma parte de la sentencia.
Sobre la elegibilidad del vicefiscal nombrado por el Congreso, también será analizado por el TEPJF. Sin embargo, el artículo 118 de la Constitución de Nuevo León ―que indica todos los cargos restringidos para ocupar la titularidad del Ejecutivo de esa entidad― no menciona a vicefiscales, sólo al fiscal general del estado, al fiscal especializado en Combate a la Corrupción y al fiscal especializado en Delitos Electorales.
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