"Nuestra respuesta a este llamado ultimátum debe ser convocar a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos, a todos, a que el lunes elaboremos el calendario electoral para la elección presidencial, y lo llevemos al Consejo Nacional Electoral (CNE)", exhortó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, desde el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.
Esta determinación, que nuevamente mueve el tablero político hacia la vía electoral, se tomó al ser aprobado por el pleno el 'Proyecto de acuerdo en rechazo a cualquier forma de ultimátum por parte de los EU en contra de la integridad y soberanía de Venezuela', y como réplica a las presiones y amenazas de Washington expresadas por el Departamento de Estado y voceros de la Casa Blanca.
Desde EU se esboza como razón del levantamiento progresivo de las medidas coercitivas contra Venezuela la supuesta inconsistencia en el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Barbados, firmado entre el Ejecutivo y la oposición en octubre pasado.
Dos meses después, en diciembre, como alcance de ese primer acuerdo, las partes firmaron el 'Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República', donde se estableció que los políticos con inhabilitaciones podían acudir al máximo tribunal para interponer un recurso y solicitar un amparo. Tras esa solicitud, el TSJ se pronunció la semana pasada y notificó el estatus jurídico de los peticionarios.
La reacción de Washington ocurrió tras la ratificación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Machado, una dirigente opositora que tradicionalmente ha recibido el respaldo de ese país.
Si bien Machado acudió, como los otros interesados, a la máxima instancia, la Sala Político Administrativa consideró "improcedente" su solicitud y convalidó su inhabilitación. Además, la Justicia destacó en su fallo que la dirigente de derecha ha estado involucrada en acciones para revertir el orden constitucional, en la trama de corrupción dirigida por el exdiputado opositor Juan Guaidó y en el respaldo de la imposición de sanciones por parte del Gobierno estadounidense.
La fundadora del partido derechista Vente Venezuela, que aspiraba a postularse a las presidenciales de 2024, fue inhabilitada por la Contraloría en 2015 a 15 años por presuntos delitos de corrupción.
En esta oportunidad, la Administración de Joe Biden informó que a partir del 13 de febrero quedará revocada la licencia que permitía operaciones con la Compañía General de Minería Venezolana (Minerven), una estatal venezolana de extracción aurífera. Además, el Departamento de Estado fijó como límite el 18 de abril para reanudar las sanciones a los sectores petroleros y gasíferos.
Frente a este panorama, el también jefe de la delegación negociadora del Gobierno ratificó que lo decidido por el máximo tribunal es "cosa juzgada", y que las acciones que tomó se dieron en el marco de lo acordado por las partes en Bridgetown, por lo que no habría inconsistencias ni incumplimientos.
Rodríguez cuestionó el plazo del 18 de abril dado por EU para reimponer sanciones : "'Tienen hasta abril', dicen. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda", espetó.
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