Xalapa, 8 abril. La presencia de las organizaciones criminales en territorio veracruzano es latente y aunque el estado insiste en que se combate a las bandas y han sido detenidos al menos 29 líderes y más de 80 integrantes de las células delictivas, lo cierto es que las operaciones delictivas continúan.
Oficialmente, la Secretaría de Seguridad Pública reconoce que hay una presencia “de cinco a siete” cárteles de la delincuencia organizada y sus escisiones.
La información oficial contrasta significativamente con los reportes de organizaciones civiles y académicos, que han contabilizado hasta 14 grupos en guerra.
Los grupos identificados, de acuerdo con un informe del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) son Sangre Nueva Zeta, Mando Sur Gente Nueva, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la banda del Bukanas y Zetas Vieja Escuela.
También están Los Piña, el Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Los Zetas, Grupo Sombra y Los Ántrax; así como el Cártel del Siglo y Cárteles Unidos. A estos grupos habría que sumar la presencia detectada de personas del Cártel de Sinaloa.
En Pánuco, el Grupo Sombra le ha declarado la guerra a las células del Cártel de Jalisco y los Zetas, que mantenían un dominio criminal en esa región y controlaban el trasiego de droga, el cobro de piso en antros y centros de diversión, así como el tráfico de migrantes.
En el norte, en los municipios de Tuxpan, Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Cazones y Papantla, las pugnas han dejado ejecuciones, personas desaparecidas y fosas clandestinas.
Lo que se disputan en esa región son el huachicol, cobro de piso, las extorsiones, venta de droga y tráfico de migrantes, de acuerdo con lo señalado por colectivos y observatorios.
La estela de violencia ha dejado al menos 13 fosas clandestinas, 12 en el municipio de Tihuatlán y una en Poza Rica, ante una guerra implacable entre los integrantes.
Presuntamente, los delincuentes crearon una alianza entre al menos tres grupos delictivos; es decir, se unieron para sacar de la región norte a la célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que lidera un sujeto apodado El Coco, a quien le atribuyen las matanzas tanto de Poza Rica como de Tuxpan.
Los aliados son el Grupo Sombra y Los Tercios, cuyas actividades delictivas están empatadas con una tercera organización que se había separado y se hacen llamar Fuerzas Especiales Grupo Sombra.
Bandas como Los Pelones, Cártel de Sinaloa, Zetas Vieja Escuela, Cártel del Noreste y Células Independientes, se suman a los ya mencionados que ahora se aliaron para “sacar” al grupo del Coco, sin éxito aparentemente.
Otra región en la que también hay disputas es en la de Martínez de la Torre-Tlapacoyan, en donde las células del Cártel de Jalisco mantienen aterrorizados a los citricultores y ganaderos a quienes les cobran “protección” para no ser secuestrados. Los cobros de piso en los antros y la venta de droga al menudeo en estos lugares son parte de la estrategia de las bandas, en las que también operan otros grupos, pero con reservas, aseguró una fuente de la policía.
Más al centro, en la región Córdoba-Orizaba-Acultzingo, además de los asaltos carreteros liderados por el grupo Sangre Nueva Zeta comandado por El Choco, que se confabuló con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Este grupo mantiene el trasiego de combustible sustraído de los ductos, el tráfico de armas y equipo táctico y el traslado de droga.
Otras células delictivas de los Zetas pelean la plaza y se han hecho del control del cobro de piso y las extorsiones. Los criminales han encontrado un “nicho” de oportunidad en el negocio de las grúas con las que en complicidad con más servidores públicos de Tránsito, intimidan y agreden a los automovilistas, arrastran vehículos, los llevan a los encierros y realizan altos cobros de dinero, que ha provocado desapariciones y ejecuciones.
En este ilícito también han estado involucrados funcionarios de las Fiscalías regionales, que no liberan los vehículos y los retienen el mayor tiempo posible. No conforme con lo que podrían obtener de este negocio, los vehículos son desmantelados sin que los particulares puedan obtener una indemnización, pues son amenazados para no presentar denuncias.
lunes, 8 de abril de 2024
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