“No es que estemos en periodo de cacería de brujas, sino simplemente periodos de rendición de cuentas y no debemos de temer una denuncia ciudadana, lo que tenemos que hacer es investigar correctamente, ver si hay responsabilidad y no dar por hecho que se trata a fuerzas de una sola denuncia”, dijo el ministro en entrevista con el Canal del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Las declaraciones del ministro -que fue propuesto para formar parte de la Corte por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador- ocurren luego de que el pasado 9 de abril de 2024, la ministra Norma Piña, en su calidad de presidenta del CJF, recibió una denuncia anónima en contra del exministro Arturo Zaldívar y cuatro de sus colaboradores más cercanos por supuestos actos de corrupción y “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial, actos presuntamente cometidos entre el 2019 y el 2022.
Por ello, luego de darse a conocer el documento de la admisión de la demanda, el exministro Zaldívar aseguró que la investigación tiene la intención política de desprestigiar a exfuncionarios del CJF que en su momento emitieron votos favorables al gobierno de López Obrador.
“Es una cacería de brujas, una especie de inquisición, me parece muy grave además que se utilice los medios para tratar de desprestigiar, veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección y tratan de hacer este tipo de golpes muy bajos que me parecen inadmisibles en un estado de derecho”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
Además, acusó a la ministra Norma Piña de violar la normatividad de la Suprema Corte al haber admitido la denuncia anónima “sin pruebas”, violando así el principio de presunción de inocencia.
Tres días después, la ministra Lenia Batres fue la primera funcionaria dentro de la Suprema Corte en posicionarse al respecto, al calificar como “ilegal” la filtración y el acuerdo de admisión de la denuncia, lo que a su consideración “pone en riesgo las formalidades esenciales de un procedimiento justo y contraviene la práctica general de la SCJN”.
Al respecto, el CJF informó que inició una investigación de oficio por la filtración del documento por el que se admitió la denuncia presentada contra Zaldívar, pero aseguró que es competencia de la ministra Piña pronunciarse sobre estas quejas, sobre todo cuando están relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos.
Sobre esta situación, el ministro Alcántara Carrancá dijo que todas las y los ministros tienen la obligación de rendir cuentas en forma permanente de lo que hacen con los recursos que el Estado les proporciona y sobre sus procedimientos, por lo que al incurrir en una falta administrativa grave aseguró que “una sanción a un funcionario judicial debe ser también ejemplar”.
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