De acuerdo con el legislador, la propuesta tiene dos objetivos principales: "Uno, devolver a las familias que tienen un negocio o que trabajan en uno la posibilidad de ejercer una defensa legítima y moralmente válida en contra de los abusos cometidos por criminales, para defender su patrimonio, su libertad o sus vidas, y dos, ser un mecanismo que desincentive el delito".
El documento señala que esta última acción se daría en dos vertientes. La primera, es el delincuente que no es profesional y no se encuentra armado, quien pensará dos veces antes de animarse a delinquir en un establecimiento mercantil, y la segunda, los delincuentes armados o con mayores capacidades de violencia, sabrán que es posible que encuentren resistencia y también tendrán miedo de perder su propia vida.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022 del Inegi, que contiene el número estimado de unidades económicas del sector privado que fueron víctima de delito durante 2021, expone que en la Ciudad de México en 75.2 por ciento de los asaltos a establecimientos mercantiles el delincuente usó arma de fuego, y en 15.2 por ciento de los comercios afectados mencionó que el ilícito fue perpetrado con arma punzocortante.
Ante este panorama, el diputado Torreblanca Engell subraya que para la gente que tiene un negocio o trabaja en uno, esto es desolador, pues pareciera inevitable que se encuentran condenados a sufrir este tipo de ilícitos de forma constante.
Por ello, considera que debe ser perfectamente legítimo que las familias se puedan defender, recuperar su derecho a la seguridad, a la tranquilidad, a tener un patrimonio, a vivir felices y a ser libres.
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