Según testimonios, un grupo de sicarios ingresó a la comunidad disparando armas de alto calibre contra casas y vehículos, lo que resultó en una balacera que duró aproximadamente una hora y media y dejó al menos un muerto confirmado, aunque se sospecha de más víctimas no contabilizadas oficialmente debido a que los atacantes podrían haberse llevado algunos cuerpos.
Durante el ataque, los sicarios incendiaron casas, tractocamiones y maquinaria, forzando a los 40 ejidatarios y sus familias a huir y refugiarse en el bosque. Algunas familias y personas se encuentran desaparecidas, y se desconoce si fueron secuestradas por el grupo criminal o si lograron refugiarse en otras áreas.
El Cártel de Caborca, una organización criminal fundada por Rafael Caro Quintero ha estado tratando de tomar control de los ranchos y parcelas de los ejidatarios.
Según el testimonio de uno de los pobladores, la comunidad vivía en relativa tranquilidad dedicada a la ganadería y la agricultura antes de la llegada del cártel. Sin embargo, la violencia ha escalado en la región, afectando no solo a “El Gallito” sino también a otros ejidos como Miguel Alemán, Verde, Canaán y Otilio Montaño.
Las autoridades locales, incluyendo la Fiscalía del Estado y la Guardia Nacional, habían intentado abordar la situación mediante reuniones con los habitantes para atender las amenazas.
No obstante, tras estos encuentros, los sicarios intensificaron sus ataques, localizando y atacando a quienes denunciaron, lo que resultó en más muertes, desapariciones y destrucción de propiedades.
El 23 de mayo, el ejército intervino evacuando a 46 familias para intentar protegerlas, pero la violencia continuó. Tras el ataque del 12 de junio, algunos habitantes permanecieron en la comunidad para defender sus hogares, aunque muchos otros huyeron debido a la inseguridad persistente.
Este caso resalta la vulnerabilidad de las zonas rurales de México ante el avance de los cárteles y la insuficiencia de las medidas de protección actuales.
A pesar de la intervención de las fuerzas armadas, no se ha logrado garantizar una seguridad efectiva a largo plazo para los residentes de estas comunidades afectadas por la violencia del narcotráfico.
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