Su presidenta Mayela Portos, explicó que esta postura es debido a que se advierte que con la elección de personas ministras, magistraturas y juezas, no garantiza mayor legitimidad ni calidad en la función de este poder.
Remarcó que para este tipo de cambios se debe realizar una consulta popular, como lo estipula la Constitución, cuya ausencia se considera un atropello ante la trascendencia para la nación.
“Como Colegio de Abogados siempre apoyaremos reformas que combatan la impunidad, el nepotismo y la corrupción. Sin embargo, tenemos la obligación con los queretanos de cuestionar no solamente el discurso político si no las bases y trascendencia jurídica de la reforma, cuyos mecanismos a implementar no abonan a la consolidación de un estado constitucional de derecho ni dan una solución real a los conflictos de la justicia civil, familiar, penal ni laboral que enfrentamos los ciudadanos”, expresó.
Así mismo expuso que uno de los aspectos de mayor gravedad, es el de las destituciones y despidos, que dijo serán “de manera autoritaria antidemocrática y sin argumentos”, e inclusive alertó qué podría abrirse la puerta para dar “entrada a actores políticos de dudosa capacidad como nuevos juzgadores.
“Por el contrario, la desaparición de los concursos de oposición y la probable ausencia de experiencia y/o formación judicial puede derivar en un desempeño deficiente. Si algo nos ha enseñado la historia es que la justicia no se da por aclamación y las personas juzgadoras no deben buscar la popularidad”.
Destacó que, actualmente el poder judicial de la federación se compone por mil 496 órganos jurisdiccionales y administrativos que requieren de las labores de 54 mil 388 personas servidoras públicas, y solo en 2022 se tuvo registro de que ingresaron un millón 256 mil 077 asuntos con la resolución de un millón 214 mil 806 casos en el mismo periodo de tiempo, lo que dijo Es un equivalente a que cada persona juzgadora resolvió 762 asuntos durante ese año.
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