En su iniciativa, las organizaciones plantean que si llega a haber una elección popular de jueces, magistrados y ministros se elaboren procesos de preselección para que quienes resulten electos sean los mejores perfiles posibles y pidieron que se tome en cuenta a la ciudadanía y la carrera judicial.
“Por eso ponemos el foco en dos cosas: que en los procesos de nombramiento haya procesos de preselección donde se establezcan ciertos requisitos para quienes van a concursar, pero también cuidar muy bien el proceso de selección”, señala Marisol Méndez, coordinadora del área de incidencia de la organización Fundación para la Justicia, en entrevista con Animal Político.
La propuesta de las organizaciones empata con lo dicho por Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, quien dijo que se contempla incluir en la reforma judicial la figura de “comités de evaluación” para que los perfiles electos sean los mejor calificados.
La declaración de Monreal se dio luego de que la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, dijera que con lo propuesto en la iniciativa del presidente López Obrador llegarían a estos puestos los perfiles más populares y no necesariamente los más preparados, con lo que se provocaría lo que se pretende erradicar.
Ante esta situación, el colectivo #LaJusticiaQueQueremos prepara su propuesta de reforma, que presentarán próximamente, debido a que durante los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, convocados por la Cámara de Diputados, no se ha abierto la invitación a participar a organizaciones y víctimas.
“(Necesitamos) cuidar muy bien quién va a estar a cargo del proceso, garantizar transparencia, participación ciudadana, porque creo que eso es fundamental para todos los procesos de nombramientos, y poner muchos énfasis en esto, en cuidar que haya una bolsa de candidatos que fueron previamente evaluados con criterios técnicos, por ejemplo, por la Escuela Judicial, por estos espacios que ya existen y que ya evalúan a los jueces de carrera”, señala Méndez.
Otro tema que las organizaciones ven con preocupación es el referente al Tribunal de Disciplina Judicial, propuesta por el presidente López Obrador, que a consideración de los especialistas establece causales de sanción para jueces que podrían ser arbitrarias y que no tendrían ellos acceso a un recurso para impugnar.
“Sabemos que si que instala un tribunal que tenga criterios arbitrarios, eso va a ser como la amenaza constante que van a tener los jueces en el cuello, para resolver en cierto sentido y que es un eminentemente ataque a la independencia judicial, porque la independencia judicial es justamente que el juez resuelva conforme a derecho, a la justicia, a la igualdad, a los principios generales del derecho y no inclina la balanza hacia uno u otro lado en función del poder político o económico que puede tener una de las partes”, señala.
Por ello, desde las organizaciones también piden a los legisladores que se garantice la independencia de este órgano y que tengan criterios claros sobre cuál es la función de los jueces, que sean objetivos y estén establecidos previamente en la ley, para que no se preste a imponer sanciones arbitrarias e ilegítimas.
El colectivo #LaJusticiaQueQueremos -integrado por cerca de 30 organizaciones de derechos humanos y académicos- lleva años litigando casos en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, por lo cual no dudan en asegurar que la reforma al Poder Judicial deja fuera a estos grupos.
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