Lo anterior, debido a que la falta de competencias técnicas de las nuevas personas juzgadoras y la necesidad de capacitarse podría resultar en demoras en la solución de los casos que ya se encuentren en trámite —un millón y medio de litigios en el país—. Y aunque plantee la obligación de resolver los asuntos en un máximo de seis meses, “cumplirla sería inviable si la judicatura no tiene los conocimientos suficientes para hacerlo”.
En el documento titulado “Análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación”, el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN destaca las consecuencias negativas para la continuidad de los casos y los derechos de las personas con la propuesta de reforma constitucional presidencial tal como se encuentra planteada.
“La propuesta de reforma parte de un supuesto falso: una vez electas, las nuevas personas juzgadoras entrarán en funciones plenas, con los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para llevar a cabo sus labores, pero la realidad es que las nuevas personas titulares de los órganos jurisdiccionales necesariamente tendrán que pasar por un proceso de aprendizaje y adaptación a las labores, lo que, necesariamente, tiene como consecuencia un mayor rezago judicial”, de acuerdo con el documento.
Cada una de las más de mil 600 personas juzgadoras federales resuelve, en promedio, 14 casos semanales aproximadamente, dice el documento.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal durante el 2022 ingresaron 1 millón 256 mil 77 asuntos al Poder Judicial de la Federación, mientras que la cantidad de asuntos resueltos fue de 1 millón 214 mil 806, lo que significó que cada persona juzgadora resolvió 762 asuntos durante ese año.
Para el mismo año ingresaron 2 millones 154 mil 768 asuntos a los poderes judiciales estatales, de los cuales 1 millón 320 mil 702 concluyeron en primera instancia, por lo que cada juzgador resolvió 428 asuntos en promedio, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023.
El estudio señala que la iniciativa de reforma judicial que el presidente envió en febrero pasado a la Cámara de Diputados va “en sentido contrario” a los objetivos que persigue, como son garantizar un acceso a la justicia de manera justa y oportuna.
“No se garantiza justicia por medio de procesos judiciales liderados por personas juzgadoras que no cuentan con la calidad técnica indispensable para proveer justicia. No se garantiza oportunidad de la justicia si, precisamente como consecuencia de las brechas en conocimientos, habilidades y competencias de las personas juzgadoras, el sistema de justicia debe dedicar años de formación básica para suplir tales brechas, en desmedro de quienes recurren a la justicia hoy”, apunta.
En ese sentido, alerta que la elección popular de personas juzgadoras interrumpirá de manera inmediata y grave todos los procesos penales del país.
El pasado jueves 27 de junio, las y los ministros de la Corte participaron en el primer foro organizado en la Cámara de Diputados sobre la reforma, y la mayoría de ellos manifestaron preocupaciones por una implementación abrupta de la reforma.
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