Fuentes federales confirmaron que el jueves el Pleno del CJF, del que forman parte consejeros designados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para modificar las normas con el propósito de adecuar el retiro de los jueces y magistrados federales a la Ley del ISSSTE.
De esta manera, los juzgadores podrán jubilarse de forma anticipada y acceder a una pensión complementaria que tendrá que autorizar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Actualmente el Acuerdo General del CJF que regula el Plan de Pensiones Complementarias de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito establece que la edad mínima para tener una pensión de este tipo es de 65 años y 25 de servicio.
Conforme al punto de acuerdo aprobado, el CJF homologó el texto para que quede conforme a la Ley del ISSSTE que establece acceso a pensión complementaria para mujeres desde los 56 años de edad y 28 de servicio y para hombres desde los 58 años de edad y 30 de servicio.
También se alinearon los requisitos de pensión por cesantía en edad avanzada para que accedan desde los 60 años y 25 de servicio y obtener un seguro de retiro, siempre que en su cuenta individual tenga el dinero suficiente para tener una renta vitalicia, que requiere de 2 millones 300 mil pesos aproximadamente.
En la modificación del acuerdo del CJF se estableció que los magistrados sólo podrán acceder a la pensión complementaria siempre que el ISSSTE se las otorgue, por lo que los recursos de estas prestaciones saldrán del presupuesto del PJF.
En la reforma aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso, desaparecerá el CJF y será sustituido por el Tribunal de Disciplina y el órgano de administración judicial, el cual administrará los recursos del Poder Judicial.
El actual CJF es el órgano encargado de la disciplina, vigilancia y administración de los más de mil juzgados y tribunales federales del país.
La reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo y cuya promulgación y publicación se prevé para el 15 de septiembre, establece en la Carta Magna la eliminación de los fideicomisos del PJF y la prohibición de crear nuevos.
Estos fideicomisos formaron parte de una de las principales pugnas del presidente López Obrador con la administración de la ministra presidenta de la Suprema Corte y del CJF, Norma Piña..
Por lo que con el punto de acuerdo aprobado el jueves por el Consejo, se prevé un incremento de jubilaciones anticipadas y, por tanto, la creación de plazas vacantes que serán sometidas al proceso de selección por voto popular en el año 2025. Además, se reduce el número de juzgadores que no podrán pensionarse y están en riesgo de ser destituidos por la aplicación de la reforma.
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