Mencionó que se han interpuesto varias acciones, incluyendo controversias constitucionales impulsadas por el gobierno de Guanajuato y otros ayuntamientos de distintos estados, algunos de ellos de origen indígena.
Según explicó, estos ayuntamientos argumentan que la reforma no fue consultada adecuadamente, lo que podría resultar en su inconstitucionalidad.
Además de las controversias constitucionales, el PAN presentó una acción de inconstitucionalidad, encabezada directamente por Cortés en su calidad de presidente del partido. Cortés explicó que “al electoralizar” el proceso electoral en el INE, se permite que los partidos políticos desempeñen un papel activo en estas decisiones judiciales.
Cortés también señaló que la SCJN ha comenzado a recibir amparos de trabajadores del Poder Judicial, como jueces y magistrados, quienes buscan que se revise a fondo la constitucionalidad de la reforma.
“El ministro Juan Luis González Alcántara admitió ya a trámite la controversia constitucional del Gobierno de Guanajuato”, señaló Cortés, y aseguró que espera que en breve también se dé entrada a la acción de inconstitucionalidad que presentó el Partido Acción Nacional.
Uno de los principales argumentos, explica, es la manera en que se llevó a cabo el proceso legislativo para aprobar la reforma.
Cortés señaló que “el proceso legislativo fue lo más desgraciado posible desde el inicio”, destacando que el dictamen provino de una legislatura anterior y que no se respetaron los tiempos y procedimientos parlamentarios adecuados para su discusión y aprobación.
Mencionó casos como el del Congreso de Oaxaca, que aprobó la reforma apenas dos horas después de que se realizó la sesión en la Cámara de Diputados, lo que, según él, demuestra que no se revisó ni discutió adecuadamente.
Desde el punto de vista de fondo, Cortés afirmó que la reforma vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial y contraviene acuerdos internacionales en los que México está comprometido, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Esta reforma constitucional puede poner en riesgo las inversiones, lo que significa poner en riesgo la generación de empleo y las exportaciones.
Cortés acusó al Poder Legislativo de ignorar las suspensiones emitidas por jueces y colegiados que detuvieron el proceso, “Están generando un conflicto entre poderes porque el Poder Legislativo continúa su proceso, ignorando las suspensiones emitidas por la Corte”, denunció, subrayando que esta situación podría derivar en una crisis constitucional.
El presidente del PAN afirmó que la reforma lleva un propósito político detrás, asegurando que “esta reforma lleva una V de venganza y una S de sometimiento”.
Cortés reiteró que seguirán buscando que se declare la inconstitucionalidad de la reforma tanto en forma como en fondo, al considerar que afecta gravemente la autonomía del Poder Judicial y los derechos de los ciudadanos a contar con jueces imparciales y preparados.
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