En la conferencia “Las mañaneras del Pueblo”, Sheinbaum expresó su preocupación por lo que considera una violación de la ley por parte de ciertos jueces. Afirmó que es inadmisible que un juez o jueza otorgue un amparo contra cambios constitucionales, ya que el artículo 61 de la Ley de Amparo deja claro que este recurso no procede para reformas de la Constitución. La presidenta subrayó que es necesario que los jueces sean los primeros en cumplir con la ley, y denunció que este tipo de acciones son una muestra de corrupción en el Poder Judicial.
“Lo que no está bien es que desde la propia Corte o los jueces violen leyes claras; se pretende poner que la Presidenta está en desacato, cuando quienes vulneran el Estado de derecho son ellos mismos”, afirmó Sheinbaum.
Sheinbaum defendió la reforma al Poder Judicial, asegurando que busca combatir la corrupción en esta institución. Resaltó que la corrupción no solo se manifiesta en jueces que reciben dinero para dictar sentencias, sino también en aquellos que violan la ley.
La presidenta aseguró que la reforma cumplió con todos los procedimientos legales y se implementó dentro del marco constitucional. Además, destacó que cualquier resolución que intente eliminar la publicación de la reforma en el DOF será recurrida ante el Consejo de la Judicatura Federal y el Congreso de la Unión.
“Vamos a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro que se está violando la Ley de Amparo”, enfatizó Sheinbaum.
La presidenta rechazó los amparos interpuestos contra la reforma judicial, calificándolos como intentos fallidos e improcedentes de quienes buscan mantener privilegios dentro del Poder Judicial. Según Sheinbaum, el pueblo de México exige un sistema judicial honesto que garantice justicia social, para las mujeres, el medio ambiente, y que proteja a los sectores más vulnerables.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también se pronunció sobre la reforma judicial, destacando la necesidad de esta debido a que jueces y magistrados suelen tomar decisiones que afectan negativamente la impartición de justicia. Rodríguez mencionó casos como el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier N., quienes se han beneficiado de amparos otorgados por jueces para evitar sanciones legales.
La secretaria subrayó que este tipo de fallos han permitido la liberación de delincuentes y la suspensión de leyes y políticas públicas que buscan el bienestar social, como la Ley de la Industria Eléctrica, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el Tren Maya, y los libros de texto gratuitos. Además, criticó el nepotismo y las irregularidades en el proceso de selección de jueces, así como los altos salarios que perciben algunos magistrados y jueces, a pesar de tener denuncias en su contra.
Rodríguez también puso en duda la actuación del Poder Judicial en asuntos electorales, mencionando el caso de la ministra Norma Piña, quien admitió un recurso del PAN sobre la asignación de diputaciones plurinominales. Además, reveló que un porcentaje del personal del Poder Judicial tiene familiares trabajando en la misma institución, lo que fomenta el nepotismo.
Finalmente, denunció que los salarios de jueces y magistrados superan los límites establecidos en la Constitución, con sueldos que llegan a superar los cinco millones de pesos anuales, lo que genera un fuerte contraste con el estado de la justicia en México.
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