Coparmex llama a legisladores de San Lázaro a reconsiderar “supremacía constitucional”; pide que actúen con responsabilidad

CDMX; 26 octubre 2024. Una amenaza directa al equilibrio de poderes y los derechos ciudadanos surge con la reforma que recientemente aprobó el Senado de la República al otorgar al Poder Legislativo la facultad de modificar la Constitución sin que ninguna instancia judicial pueda revisar la constitucionalidad de sus propuestas, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Al eliminar la posibilidad de que el Poder Judicial revise las decisiones del Congreso, se incrementa el riesgo de arbitrariedades y se deteriora la confianza en nuestras instituciones, con efectos negativos para la protección de los derechos ciudadanos y crecimiento del país”, aseguró.

El organismo patronal también llamó a las y a los legisladores de la Cámara de Diputados para que actúen con responsabilidad y reconsideren esta reforma.

“Es imprescindible que el Poder Legislativo escuche las voces de la sociedad, evalúe con detenimiento las implicaciones de este cambio para el desarrollo inclusivo del país y garantice que cualquier modificación a nuestra Constitución respete los principios fundamentales de protección a los derechos humanos y fortalezca, en lugar de debilitar, el marco institucional. que ha sostenido la estabilidad democrática del país”, manifestó.

A través de un comunicado, expresó que la referida reforma no sólo es angustiante por la restricción de los derechos de los ciudadanos a defenderse ante posibles abusos de poder, sino también por su carácter retroactivo.

Externó también que esa reforma plantea que decisiones previas de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de reformas queden sin efecto, lo cual viola el principio de no retroactividad consagrado en la Constitución y genera una grave incertidumbre jurídica que afecta la confianza en el país, tanto de los ciudadanos como de los inversionistas.

Resaltó que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social, y añadió que empresas nacionales e internacionales requieren un entorno estable y predecible para operar y generar empleo.

“El Juicio de Amparo, que ha sido durante más de 160 años un baluarte de la justicia en México, está siendo debilitado. La iniciativa promovida por el grupo parlamentario mayoritario en el Senado elimina la posibilidad de impugnar reformas constitucionales mediante este mecanismo, lo que abre la puerta a decisiones del Congreso sin control judicial, debilitando así el sistema de contrapesos”, indicó.

Precisó que el juicio de amparo ha sido la última barrera contra los abusos del poder y debe seguir siendo un recurso accesible para todos los ciudadanos. “Su eliminación como medio de control judicial no solo afecta los derechos individuales, sino que también pone en riesgo”, acotó.