Pero la reforma no se limita únicamente a la reducción de la edad para la pensión de adultos mayores, también establece una pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente menores de 65 años, con un enfoque especial en menores de 18 años.
Además, el Estado se compromete a entregar un jornal justo a campesinos, pescadores y pequeños productores que participen en programas como Sembrando Vida. Este programa, junto con la garantía de precios para productos básicos como maíz, frijol, leche, arroz y trigo, busca fortalecer la economía rural y asegurar la seguridad alimentaria del país.
La aprobación de esta reforma tiene implicaciones significativas para la economía y la política social de México, ya que al elevar estos programas a rango constitucional, se garantiza su financiamiento, obligando al Estado a destinar recursos anualmente para su operación.
El principio de progresividad es fundamental en esta reforma, ya que busca que los derechos sociales se amplíen y mejoren con el tiempo. Al establecer estos programas como derechos constitucionales, se crea un marco legal que protege a los beneficiarios de cambios políticos o económicos que puedan poner en riesgo su continuidad.
La reforma aprobada por la Cámara de Diputados ahora será turnada al Senado para su discusión y eventual aprobación. Si el Senado ratifica esta reforma, los programas sociales mencionados quedarán protegidos por la Constitución.
La aprobación en el Senado de esta reforma no solo es una mejora para los adultos mayores y personas con discapacidad, sino también para todos los mexicanos de la tercera edad del futuro y aquellos con alguna discapacidad.
Cabe mencionar que esta reforma también ha desatado preocupaciones sobre el impacto fiscal de estas medidas. Sin embargo, el consenso general es que esta reforma representa un paso importante hacia un México más inclusivo y equitativo. Ahora falta su reacción en el Senado y en cómo se implementarán estas medidas en el futuro cercano.
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