Esta resolución se tomó después de que Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, consultara a la Mesa Directiva del Senado sobre la viabilidad de la solicitud.
La jueza Juárez Salas, del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, había dictaminado que el titular del Ejecutivo debía proceder con la eliminación de la reforma judicial del DOF.
Sin embargo, en la sesión de este jueves, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, anunció que la cámara había decidido no acatar la orden judicial, argumentando que dicha acción es inviable, ya que la presidenta carece de atribuciones legales para hacerlo.
“El acuerdo fue aprobado muy por encima de la mayoría absoluta. Esta soberanía está defendiendo su trabajo, la Constitución vigente y las tareas realizadas”, afirmó Fernández Noroña durante la sesión.
En el informe remitido por la Consejería Jurídica de la Presidencia se enfatiza que la publicación de la reforma es “un hecho irrevocable e irremediablemente consumado”. Además, se calificó la orden de la jueza como “imposible de realizar desde el punto de vista legal, material y fáctico”.
Por su parte, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, también confirmó que no es posible atender la solicitud judicial. Señaló que “no existe posibilidad jurídica alguna para atender una resolución que contradice el mandato constitucional”.
En un comunicado, Gutiérrez Luna afirmó: “Cualquier resolución judicial que pretenda detener o revertir la reforma constitucional mediante un juicio de amparo carece de sustento legal”.
En declaraciones previas, la jueza Nancy Juárez Salas advirtió que, en caso de que el gobierno federal no cumpla con la orden de eliminar la reforma del DOF, el caso será remitido al Ministerio Público. Asimismo, señaló que tanto la presidenta Sheinbaum como las autoridades competentes tuvieron la oportunidad de interponer recursos legales en contra de la resolución, pero al no hacerlo perdió esa posibilidad. “Ahora están obligados a acatar la suspensión definitiva”, indicó la jueza.
Juárez Salas también explicó que la ley del DOF no prohíbe la eliminación de publicaciones y afirmó que en el pasado se han retirado contenidos por errores. En su defensa, aclaró que la petición no implica una modificación a la reforma, sino solo su eliminación del registro oficial.
Finalmente, la jueza mencionó que, hasta el momento, no se ha recibido recurso alguno por parte del gobierno para modificar el cumplimiento de la suspensión definitiva, y advirtió que, si no actuar en las próximas 24 horas, deberá ejecutar la orden judicial conforme a lo dispuesto.
Con este fallo del Senado y la Cámara de Diputados, el proceso para detener la reforma enfrenta un complicado panorama legal, al tiempo que se intensifica el conflicto entre el Poder Judicial y el Legislativo.
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