Se conocen como armas fantasma porque escapan a los requisitos de registro, identificación y control de antecedentes con que se venden normalmente las armas de fuego, de modo que resultaban muy difíciles de rastrear. Un tribunal inferior sentenció que el Gobierno federal se había excedido de sus competencias con esa regulación, pero el Supremo suspendió esa decisión por una mayoría de cinco votos a cuatro que parece mantenerse, a tenor de la vista oral celebrada este martes en el Tribunal.
El Supremo tiene un predominio conservador de seis jueces a tres, pero dos de los miembros de esa mayoría ―el presidente del Supremo, John Roberts, y la magistrada Amy Coney Barrett― apoyaron mantener cautelarmente la regulación hasta que se tome una decisión sobre el fondo, que llegará en los próximos meses.
La regulación exige a los fabricantes y vendedores de armas por kits de piezas o de plantillas que tengan licencia para venderlas, impone que los productos lleven un número de serie que permita rastrearlos y obliga a que los posibles compradores pasen una comprobación de antecedentes, entre otros requisitos.
Nadie discute el derecho a que esas armas se comercialicen o se posean y, en ese sentido, no se trata de un caso sobre el alcance de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que consagra el derecho a llevar y portar armas, y que se ha abordado en anteriores sentencias. Lo que se discute es si la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos se extralimitó en sus competencias al promulgar la norma al considerar a dichas piezas como armas de fuego o si es el Congreso el que debe aprobar las restricciones.
“La Ley de Control de Armas impone requisitos sencillos, pero esenciales”, ha argumentado la abogada del Estado, Elizabeth Prelogar. “Los vendedores y fabricantes de armas de fuego deben marcar sus productos con números de serie, mantener registros de ventas y realizar comprobaciones de antecedentes. La industria ha seguido esas condiciones sin dificultad durante más de medio siglo, y esos requisitos básicos son cruciales para resolver los delitos con armas de fuego y mantener las armas fuera del alcance de menores, delincuentes y maltratadores domésticos”, ha continuado.
“Pero, en los últimos años, empresas como las aquí demandadas han intentado eludir esos requisitos. Han empezado a vender armas de fuego como kits fáciles de montar y armazones y receptores que requieren un trabajo mínimo para ser funcionales. Han publicitado los productos, en sus propias palabras, como ‘ridículamente fáciles de montar y a prueba de tontos’ y han promocionado que se puede pasar de abrir el correo a tener un arma completamente funcional en tan solo 15 minutos, sin necesidad de número de serie, comprobación de antecedentes o registros. Estas armas imposibles de rastrear resultan atractivas para quienes no pueden adquirirlas legalmente o planean utilizarlas para cometer delitos. Como resultado, nuestro país ha visto una explosión de delitos cometidos con armas fantasma”, ha asegurado.
Por su parte, los contrarios a la norma argumentan que la mayoría de las personas que cometen delitos utilizan armas tradicionales y que los kits pueden ser difíciles de montar.
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