El 15 de septiembre de 2024, se publicó una reforma constitucional que establece que todos los jueces del país sean electos mediante voto popular. Como parte de esta reforma, se requiere que el INE organice las elecciones judiciales previstas para junio de 2025. Sin embargo, varios actores han presentado amparos contra la implementación de esta reforma, entre ellos la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, lo que derivó en la suspensión provisional de estos preparativos.
El juez García Contreras emitió un ultimátum el 4 de octubre de 2024, exigiendo al Consejo General del INE cumplir con la suspensión dictada el 24 de septiembre. Esta suspensión prohíbe al INE tomar cualquier acción para preparar las elecciones judiciales, como la organización, vigilancia y fiscalización del proceso electoral.
El juez advirtió que, si no cumplen con la suspensión, cada consejero enfrentará una multa de 500 UMA (equivalente a 54,285 pesos) y serán denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR). El delito de desacato a una suspensión puede conllevar penas de tres a nueve años de prisión.
La suspensión impide al INE implementar el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 y prohíbe al Senado emitir la convocatoria para las elecciones judiciales, que debe publicarse antes del 16 de octubre de 2024. Además, se ha ordenado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detener la transferencia de recursos a los nuevos órganos de administración judicial, creados por la reforma, los cuales deben estar operativos para septiembre de 2025.
La Suprema Corte de Justicia también ha intervenido en este conflicto. En una decisión tomada por mayoría de votos (ocho a tres), el pleno de la Corte admitió una impugnación presentada por jueces y magistrados contra la reforma judicial. La Corte analizará la posibilidad de revisar, modificar o incluso frenar la reforma constitucional, un hecho sin precedentes en la historia reciente de México.
Las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa señalaron que la Corte estaría actuando fuera de sus atribuciones al intentar revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional, calificándolo como un posible “golpe de Estado constitucional”.
La ministra Esquivel advirtió que este intento de control constitucional sobre una enmienda al Poder Judicial Federal podría crear una crisis institucional.
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