Por eso la jueza Nancy Juárez Salas se ha convertido en una rareza: donde muchas prefieren la discreción, ella ha elegido los reflectores para retar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La jueza Juárez Salas dio un salto bajo el foco nacional el pasado 17 de octubre, cuando plantó un ultimátum a la mandataria: o eliminaba del Diario Oficial de la Federación la publicación sobre la reforma al Poder Judicial en 24 horas o enteraría al Ministerio Público federal de que Claudia Sheinbaum había cometido el delito de desacato, que puede ser castigado hasta con siete años de prisión.
La Presidenta hizo un movimiento de defensa y contraataque: no solo no bajaría la publicación —lo cual ha cumplido hasta el momento—, sino que denunciaría a Juárez Salas ante el Consejo de la Judicatura por realizar un emplazamiento sin sustento jurídico, lo que se puede sancionar hasta con su inhabilitación.
Ambos personajes pusieron en juego su cargo: la banda presidencial o la toga y el birrete. No es la primera vez que el puesto de la jueza Juárez Salas está en riesgo; fuentes dentro del Poder Judicial contaron a medios que, en abril de 2021, el pleno del Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos.
Sin embargo, en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. Ese castigo fue el resultado de tres pesquisas: la J/339/2021, que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho a la inamovilidad de los trabajadores adscritos a su órgano jurisdiccional.
En la investigación J/322/2021 se le imputó falta de profesionalismo y en la J/245/2021 se le acusó de la misma falta, además de abusos de funciones y acoso laboral.
Juárez Salas fue sometida al procedimiento disciplinario 13/2022 por conductas como hostigamiento laboral —derivado de malos tratos o inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes—, otorgar privilegios al personal que ella contrató y horarios excesivos de labores, así como instaurar procedimientos administrativos disciplinarios de manera arbitraria.
Su récord de mala conducta inició, al menos, en octubre de 2016, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario 37/2015 por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa.
Las fuentes aseguraron que, además de las sanciones que están en los registros oficiales, son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora del Poder Judicial por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos de cualquier juzgador.
A todo se le suman los señalamientos de irregularidades en la tramitación de juicios orales mercantiles.
Pese a este registro negro, la jueza adscrita al Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, se ha convertido en la líder de un sector de trabajadores del Poder Judicial que afirman que las reformas aprobadas por el Congreso atentan contra sus derechos laborales.
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