Los 22 gobernadores de la Cuarta Transformación y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México solicitaron al Consejo de la Judicatura Federal que proceda en contra de los jueces que violan la Constitución Mexicana y las leyes que de ella emanan.
Al manifestar su preocupación por la reiterada intención de conceder amparos ilegales e improcedentes, en una carta dirigida a la opinión pública, argumentan que los juzgadores violan “flagrantemente” el Artículo 61 de la Carta Magna, que señala que “el juicio de amparo es improcedente: contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
“Advertimos que quienes contravienen lo que estipula la ley, ostentando atribuciones que la misma no les concede, la violan flagrantemente y aún más: tratándose de personas encargadas de administrar la justicia, dichos actos se convierten en un abuso de autoridad punible”, agrega el documento.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su gira de trabajo por Campeche, acusó a la jueza Nancy Juárez Salas, titular del juzgado Décimo noveno de distrito con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, de extralimitarse en sus funciones, luego de que ordenó retirar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma al Poder Judicial.
Sheinbaum Pardo recordó que el 1 de junio del próximo año se elegirá a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que “esa fue la voluntad y la decisión del pueblo, por eso cambió la Constitución”.
En ese sentido se pronunció también la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde quien apuntó que la decisión de la jueza buscó proteger los “privilegios” del Poder Judicial, pues pedir que se suspenda la reforma es para “que no nos toquen, a nosotros nada”.
En tanto, en la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena y sus aliados el PT y PVEM, informaron que no detendrán el proceso de elección de magistrados, jueces y ministros a pesar de las órdenes judiciales, por lo que continúan con el análisis para designar a los integrantes de los Comités de Evaluación para elegir a las personas juzgadoras. Dichos comités, que deberán tener capacidad jurídica para determinar quiénes ocuparán los cargos, tendrán que estar instalados el próximo 31 de octubre, para que el 4 de noviembre emitan la convocatoria e inicie el registro de aspirantes en el lapso del 5 al 24 de noviembre.
El vocero de Morena, en la Cámara baja, Arturo Ávila, aseguró que el proceso no se puede detener porque: “Es un mandato de los ciudadanos en las urnas, además de que (el Poder Judicial) no cuenta con las atribuciones para impedir las decisiones del poder reformador constitucional que es el Poder Legislativo”.
Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, afirmó en redes sociales: “Cuando nos propusimos transformar la vida pública, sabíamos de las resistencias que enfrentaríamos. El cambio más profundo ha sido en el Poder Judicial; era indispensable e impostergable”.
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