Esa negativa reiterada de órganos del Estado a cumplir con las órdenes de jueces y magistrados es una circunstancia inédita en el país, y pone en riesgo de regresarlo a un estado en el que cualquier funcionario menor incumpla órdenes judiciales sólo por no estar de acuerdo, incluso con ello, la figura del amparo y las suspensiones están siendo debilitadas, advierten especialistas.
“En un estado de derecho cuando a una autoridad, sea la Cámara de Diputados, sea el Senado, sea el presidente de la República, no le gusta una resolución judicial, lo que tienen que hacer es impugnar esa determinación judicial y no lo que hicieron: desacatar todo y, como se dice coloquialmente, se lo pasaron por el arco del triunfo”, dice Javier Jesús Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Se sentó un precedente muy malo en el que un poder soberano no acató al menos dos suspensiones de amparo. Si hoy lo hace la Cámara de Diputados y el Senado, mañana lo puede hacer cualquier secretaría de Estado, cualquier director”, señala Alejandro Valenzuela, abogado y uno de los promotores de los recursos con los que se busca combatir la reforma.
En torno a la Reforma Judicial ya hay 10 suspensiones provisionales o definitivas dictadas por jueces o magistrados, y hasta el momento la mitad han sido desacatadas. El resto están en vías de cumplimiento o de notificación y más de una treintena de autoridades señaladas como responsables no han rendido informes ante los jueces.
El escenario podría recrudecerse en cuestión de días: al menos tres juzgados de distrito emplazaron a audiencia a las partes para atender incidentes promovidos por los quejosos luego de los desacatos masivos.
La Reforma Judicial, además, enfrentará ahora la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que ocho ministros votaran a favor de analizar su constitucionalidad. Este 4, 7 y 8 de octubre deberán comparecer las representaciones legales de las autoridades señaladas como responsables en audiencias incidentales para exponer sus alegatos respecto a su actuación, pues la mayoría simplemente han ignorado las órdenes y ni siquiera las han recurrido.
El viernes 27 de septiembre, en las horas finales del sexenio pasado, Francisco Javier García Contreras, el juez segundo de distrito con residencia en Colima, llamó a comparecer a la Presidencia de la República y al titular del Diario Oficial de la Federación (DOF) por el desacato a cumplir la suspensión por la que se ordenó no promulgar la Reforma Judicial.
El lunes 30 de septiembre, citados por la jueza Nancy Juárez Salas, del juzgado décimo noveno de distrito en el Estado de Veracruz, se emplazó igualmente a la Presidencia y al titular del DOF.
El martes 1 de octubre, día en que se concretó el cambio de Poder Ejecutivo, a citatorio de la jueza Grisell Rodríguez, del juzgado quinto de distrito en el Estado de Yucatán, se llamó a comparecer a representantes de la Cámara de Diputados, el Senado, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Nacional Electoral (INE) y de los 32 Congresos estatales.
En todos los casos citados fue para atender las suspensiones dictadas. Sin embargo, las citas fueron ignoradas. Hasta ahora todo apunta a que sólo una suspensión ha sido cumplida: la dictada al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que no se extingan los Fideicomisos del Poder Judicial, de modo que no se cancelen las pensiones complementarias, y se garantice que los salarios se mantengan en sus términos, lo que fue ordenado por la jueza Andrea Génesis Alarcón Cortés, del juzgado primero de distrito en materia administrativa, con sede en Nuevo León.
Ese caso fue promovido por jueces y magistrados que decidieron defenderse sin revelar sus nombres; en otra parte de la resolución se mandató al Senado a no emitir –en el plazo que vence el 16 de octubre- la convocatoria para integrar la lista de candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y jueces y magistrados. Además se ordenó que no se lleve a cabo la “tómbola” para depurar las listas de aspirantes y que los juzgadores no sean removidos.
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