Kiev, 9 octubre 2024. En medio de la incertidumbre sobre la asistencia futura de sus aliados y ante las crecientes necesidades de financiación de la defensa del país, Ucrania prepara una significativa subida de impuestos que será debatida esta semana en el Parlamento.
El borrador prevé una subida del impuesto militar sobre los ingresos personales del 1.5 por ciento actual al 5 por ciento, la introducción de un impuesto militar del 1 por ciento a los autónomos y un impuesto del 50 por ciento a los beneficios de los bancos.
"La tarea conjunta del gobierno es encontrar recursos adicionales para cubrir los gastos militares en 2025", declaró el primer ministro, Denís Shmigal, en una reunión del gabinete este martes.
Los impuestos recaudados por el Estado no bastan para cubrir las necesidades crecientes en Defensa, según explicó el Ministerio de Finanzas en un comunicado.
Ucrania ha recaudado en 2024 hasta el momento 1.5 billones de grivnas (33 mil 162 millones de euros), mientras que su gasto total en este periodo asciende a 2.3 billones de grivnas (50 mil 847 millones de euros), de los que más de 1.3 billones (29 mil 511 millones de euros) van destinados al Ejército.
Solo el 69 por ciento del déficit estatal ha quedado cubierto por la asistencia financiera de los aliados, según datos del Centro de Estrategia Económica (CES).
Debido a los retrasos en el suministro de asistencia financiera por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, Ucrania ha recibido escasa ayuda en el primer trimestre de 2024, agotando sus propios fondos antes de lo esperado.
Aunque la situación mejoró en los meses siguientes, Ucrania no recibió ninguna asistencia financiera en septiembre y un paquete de 3 mil 550 millones de euros prometido por Estados Unidos no ha llegado hasta ahora.
La proyectada subida de impuestos permitiría recaudar 58 mil millones de grivnas (mil 282 millones de euros) más en 2024 y 137 mil millones de grivnas (3 mil 28 millones de euros) más en 2025, cuando se espera que el gasto militar aumente según estimaciones del gobierno a 2.2 billones de grivnas (48 mil 629 millones de euros).
Según la jefa de la Comisión Presupuestaria del Parlamento, Roksolana Pidlasa, Ucrania también cuenta con obtener acceso a 50 mil millones de dólares de fondos rusos congelados en los próximos años.
Sin embargo, a pesar de las reiteradas afirmaciones por parte de los aliados, el mecanismo y las condiciones para suministrar el dinero no se han formalizado aún, según escribió recientemente la diputada en el diario Ukrainska Pravda.
La mayoría de economistas está de acuerdo en que la subida de impuestos es inevitable debido a la complicada situación financiera, aunque a muchos les preocupa el impacto que puede tener para la economía y la justicia social del país.
Por su parte Rusia sube salarios de soldados para atraer combatientes. Las autoridades de varias regiones rusas anunciaron estas últimas semanas aumentos considerables de salarios y primas para atraer voluntarios para ir a combatir en Ucrania, en su tercer año de ofensiva.
El Kremlin, que quiere evitar una movilización impopular como la que hizo con 300 mil hombres en septiembre de 2022, asegura que sólo quiere enviar voluntarios contratados al frente.
Si las pérdidas del Ejército ruso se clasifican como secretas, el aumento de salarios y bonificaciones sigue siendo un medio para reponer las filas de unidades diezmadas por casi dos años y medio de sangrientos enfrentamientos.
En el pasado, el aumento salarial ha sido una manera de reponer las filas, mermadas por largos y sangrientos conflictos.
Los voluntarios que luchan en Ucrania reciben un salario federal básico de alrededor de 200 mil rublos al mes, unos 2 mil dólares, pero el salario adicional varía de una región a otra.
La prima por firmar se fijó en 2.7 millones de rublos (casi 28 mil dólares).
En la televisión y en las calles, se multiplican también los llamados a participar del conflicto, promocionando las mejoras salariales.
En septiembre, el parlamento ruso aprobó una ley según la cual los cargos penales contra los acusados puedan ser abandonados aunque el juicio no haya terminado, si los procesados firman un contrato con el Ejército o son movilizados.
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