Durante la entrevista, Aguayo describió la situación como un “acto de rebeldía” frente a las reformas impulsadas por el gobierno, las cuales han generado un fuerte rechazo entre los miembros del Poder Judicial. A pesar de las posibles repercusiones, como el descuento de salarios, Aguayo aseguró que los trabajadores del PJF continuarán con sus protestas. Mencionó que las acciones de resistencia están siendo programadas de manera dinámica, ajustándose día a día a las decisiones del gobierno federal.
Cuando Loret de Mola preguntó si las protestas podrían radicalizarse si el gobierno continúa en la misma dirección, Aguayo respondió afirmativamente, sugiriendo que podrían tomar medidas más drásticas, como intervenir en casos de interés prioritario para el gobierno federal, generando problemas serios en temas fundamentales. Aunque Aguayo no especificó detalles, insinuó que las acciones podrían afectar áreas importantes, lo que ha sido interpretado como una posible amenaza de boicotear casos que afecten directamente al gobierno.
Al ser cuestionada sobre si estas intervenciones afectarían casos de impuestos o pensiones, Aguayo indicó que probablemente no serían de esa magnitud, pero que sí representarían una forma de “intervencionismo” que incomodaría al gobierno.
La advertencia de Aguayo se enmarca en la creciente tensión generada por la reforma constitucional que afecta al Poder Judicial. Esta reforma, aprobada en septiembre de 2024, plantea la elección de jueces por voto popular, un hecho sin precedentes que ha generado gran resistencia entre jueces y magistrados. La polémica se intensificó tras la insaculación de 350 plazas del Poder Judicial en el Senado de la República, un proceso defendido por Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, como una forma de democratizar la elección de jueces.
Fernández Noroña celebró el inicio de lo que calificó como “un proceso electoral histórico” que permitirá a los ciudadanos elegir a los jueces de distrito y magistrados mediante voto universal, secreto y directo en las elecciones de junio de 2025. El presidente del Senado resaltó la importancia de este cambio, afirmando que ningún otro país en el mundo ha democratizado su Poder Judicial a tal nivel.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha respondido a la oposición del Poder Judicial, argumentando que la resistencia de los jueces se debe a que deberán ceder sus posiciones a nuevos jueces elegidos por voto popular. Según Sheinbaum, muchos jueces no están de acuerdo con la reforma porque perderán sus privilegios, aunque también reconoció que algunos jueces sí apoyan el cambio.
Sheinbaum defendió la legalidad del proceso de reforma, afirmando que se han seguido todos los procedimientos constitucionales necesarios y desestimó las acusaciones de los jueces sobre una crisis constitucional. La presidenta también hizo referencia a los altos niveles de corrupción dentro del Poder Judicial, citando un informe de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia que señaló un 46% de nepotismo dentro del sistema judicial, como justificación para la reforma.
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