En reunión de trabajo, la legisladora Zaira Cedillo informó que la propuesta para reformar el Código Penal estatal es autoría de la Comisión, y detalló que actualmente hay cinco iniciativas sobre la despenalización del aborto en la entidad: dos de morena, una de MC y una del PRD, las cuales fueron ingresadas en la LXI Legislatura mexiquense; además de que en la actual legislatura la asociación Marea Verde Estado de México presentó una propuesta y la legisladora Paola Jiménez Hernández presentará otra más.
Al compartir que anualmente cuatro mil mexiquenses acuden a la Ciudad de México para realizar este procedimiento, la diputada reconoció que en la Casa del Pueblo se origine su discusión y se coincida en la importancia de la prevención del embarazo, pero resaltó que “no se busca ser omiso ante la realidad de las mujeres y no hay que retrasar más un debate agotado”, por lo que pidió no criminalizar a las mujeres por su derecho a decidir.
La iniciativa establece penas de seis meses a un año de prisión a la mujer o persona gestante que voluntariamente practique la interrupción del embarazo después de las 12 semanas completas de gestación; y la que consintiere que otra persona lo hiciere o practique, con su consentimiento.
Además, cinco a 10 años de prisión, y de 50 a 400 días de multa, a quien cometa la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación, sin consentimiento de la mujer; y hasta 15 años de prisión, si quien cometa el delito emplea violencia física, psicológica y obstétrica, o negligencia en los cuidados ginecológicos gineco-obstétricos.
En caso de personal médico, enfermería o partería, se suspenderá de tres a seis años su ejercicio en la profesión. Y, en el caso de reincidencia, será por 20 años la suspensión.
La iniciativa entiende por embarazo a la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio, así como a la persona gestante a cualquier persona con aparato reproductor femenino y con capacidad de gestar, independientemente de su edad, apariencia u orientación sexual.
No se considerará delito, aún cuando se realice después de las 12 semanas la interrupción del embarazo, cuando: sea resultado de una acción culposa de las mujeres; el embarazo sea resultado de una violación, implantación no consentida de óvulo fecundado o inseminado artificialmente, independientemente de si exista o no denuncia; la mujer corra peligro de muerte o su salud se vea afectada a juicio médico, si no se realiza el procedimiento.
De igual manera, cuando existe la prueba suficiente, de acuerdo con las o los médicos, para diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que deriven en trastornos físicos o mentales graves; se demuestre que la mujer embarazada haya sido ocultada o privada de su libertad por quien tiene una relación sentimental o de confianza con ella; y cuando exista un trastorno ginecológico que haya impedido a la mujer tener conocimiento de su embarazo.
Los diputados María del Carmen de la Rosa Mendoza, Jennifer Nathalie González López, Luisa Esmeralda Navarro Hernández, Gloria Vanessa Linares Zetina, Sara Alicia Ramírez de la O, Sofía Martínez Molina, Ana Yurixi Leyva Piñón Roberto Anuar Azar Figueroa, Joanna Alejandra Felipe Torres, Emma Laura Álvarez Villavicencio, Krishna Karina Romero Velázquez y Rocío Alexia Dávila Sánchez, Ruth Salinas Reyes, Omar Ortega Álvarez, Araceli Casasola Salazar y Paola Jiménez Hernández debatieron la iniciativa
Pablo Fernández de Cevallos González compartió que en la Jucopo se había acordado que cada grupo parlamentario presentaría una iniciativa al respecto y lamentó que no se cumpla con la normativa legislativa, ni se escuche a todas las voces. Enfatizó que están en contra de la criminalización de las mujeres, pero que están a favor de la defensa de la vida desde la concepción, hasta la muerte natural.
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