Ese territorio, considerado desde los años noventa como zona roja por la presencia de miles de hectáreas de cultivos de coca y laboratorios de producción de cocaína, también ha sido desde entonces un foco de profunda confrontación política. Fue escenario de enfrentamientos constantes con los campesinos durante la guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos y luego en la cuna de la revolución que dirigió uno de sus hijos, Morales, de 2006 a 2019. Pese a ello, lo que ocurre desde el viernes 1 de noviembre resulta extraordinario.
Arce está decidido a retomar el control de la zona, donde la presencia del Estado nunca fue plena y se perdió por completo hace 20 días. Entonces comenzaron los bloqueos de caminos contra el Gobierno por 17 demandas, entre ellas la habilitación de la candidatura de Morales a las elecciones de 2025 y el archivo de las causas judiciales en su contra. Los cortes de carreteras paralizaron el comercio de medio país y provocaron que la mayoría de la población se enfureciera contra el exmandatario y los cocaleros, al punto de exigir su detención y la intervención de los militares.
Ante la enorme inestabilidad de la situación, los policías y funcionarios públicos abandonaron el Chapare, donde pasó a dirigir la vida pública y privada la poderosa Coordinadora de las Federaciones de Productores de Coca. En el edificio central de la organización, situado en la pequeña ciudad de Lauca Eñe, se encontraban el sábado su líder, el propio Morales, y un grupo de políticos de su partido en huelga de hambre exigiendo que Arce, su antiguo aliado, negocie y atienda sus demandas.
Aun en su tiempo en el poder, el exgobernante nunca dejó de ser el líder de las federaciones de cocaleros que, según se ha denunciado muchas veces, controlan por completo a los chapareños y expulsaron a las bases antinarcóticos de la estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA).
Tras el inicio del conflicto, los militares desplegados en la zona se convirtieron, como ya había ocurrido en el pasado, en blanco de las críticas y las sospechas de la población organizada en comités y piquetes para impedir que los vehículos pasaran por la carretera que atraviesa el Chapare por la mitad y une a la cercana ciudad de Cochabamba con Santa Cruz de la Sierra, es decir, el occidente con el oriente del país.
La novedad consistió, en esta ocasión, en el cerco de cuarteles. Los grupos de campesinos impidieron la entrada de provisiones y obligaron a los comandantes a acordar un “pacto de no agresión” para evitar una escalada del enfrentamiento. En la Unidad Militar Juan Maraza de Villa Tunari, la ciudad donde reside habitualmente Morales, miles de personas llegaron más lejos: entraron en la instalación y tomaron por unas horas a los militares como rehenes; también amenazaron con quitarles las armas. Este secuestro exprés desembocó en otro acuerdo: a cambio de una suerte de libertad bajo vigilancia de los cocaleros, los soldados prometieron guardar sus armas y no usarlas contra la población. No pueden salir de sus cuarteles y tienen problemas para aprovisionarse de alimentos. Sus familias han sido evacuadas.
La radicalización de los cocaleros se originó el 27 de octubre, en el fallido intento de arresto de Morales por parte de un equipo de la policía que lo interceptó en la carretera principal del Chapare. Quiso detener su vehículo —dispuesto por el Gobierno de Venezuela— disparando sobre él. Morales presentó el hecho como un “intento de asesinato”, lo que despertó la furia de sus compañeros.
La situación de los militares atrapados en medio del conflicto podría mejorar si finalmente se suspendieran temporalmente los bloqueos de rutas, como pidió Morales el viernes antes de comenzar su huelga de hambre. Pero hasta ahora eso no ha ocurrido y la tensión sigue.
Tras las declaraciones del expresidente, Humberto Claros, un dirigente campesino de rango medio, señaló que los cortes de caminos que aún quedan se mantendrán en respuesta a la represión gubernamental que, según afirmó, se vivió el viernes. Ese día, 3,000 policías se enfrentaron durante 13 horas con los manifestantes ante un puente, que al final fue “liberado” por las autoridades. Esto permitió la reanudación el tránsito de vehículos desde y hacia la ciudad de Cochabamba.
La batalla dejó 65 detenidos, 55 de los cuales fueron enviados a la capital, La Paz, acusados de “terrorismo y alzamiento armado” por lanzar dinamita y supuestamente disparar contra los uniformados. Según los chapareños, sus compañeros están “secuestrados”, ya que deberían ser juzgados en su tierra. El principal reclamo de las protestas, ahora, es la liberación de estas personas, que fueron presentadas como delincuentes comunes por el ministro de Gobierno, responsable de la seguridad pública, Eduardo del Castillo.
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