La reforma al artículo 19 de la Constitución fue aprobada en lo general por 94 votos a favor de integrantes principalmente de la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, frente a 34 votos que resultaron insuficientes de los partidos de oposición.
La aprobación, sin embargo, también incluyó los votos de algunos panistas como Miguel Márquez Márquez, Agustín Dorantes, Juan Antonio Martín del Campo, Mauricio Vila, Guadalupe Murguía, María de Jesús Díaz y Mario Vázquez.
Los principales argumentos de la coalición encabezada por Morena se centraron en la necesidad de combatir los delitos mencionados y las afectaciones que causan en la población mexicana. Por su parte, la oposición destacó el riesgo de violaciones a los derechos humanos de las personas que podrían ser encarceladas sin un juicio de por medio.
De acuerdo con cifras oficiales, hasta junio más de 38 mil 500 personas se encontraban encarceladas sin sentencia en México, sin certeza de que sean culpables o inocentes, por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
En la presentación del dictamen, el morenista Enrique Inzunza explicó el motivo de las modificaciones: la urgencia de combatir el uso y tráfico de fentanilo y drogas sintéticas por sus daños en la salud y la relación con Estados Unidos; la creciente extorsión como uno de los delitos que más se han extendido en el territorio mexicano y las afectaciones financieras que causa el uso de comprobantes fiscales falsos.
El morenista, sin embargo, llamó a ser cuidadosos con la aplicación de este recurso.
“Es imprescindible que las fiscalías actúen con sentido de responsabilidad y conforme a un plan estratégico de persecución, aplicando criterios de oportunidad en casos procedentes y buscando siempre equilibrar derechos humanos y eficiencia en la persecución penal”, dijo.
En su intervención, el panista Ricardo Anaya pidió no centrarse en el falso debate que quienes rechazan la reforma no quieren que los delincuentes vayan a la cárcel, sino que buscan el respeto del debido proceso.
“La prisión preventiva automática o justificada, ésta que ha condenado la ONU, ésta que la Corte Interamericana para los Derechos Humanos nos ha ordenado eliminar de la Constitución y ha ordenado a los juzgadores inaplicar es otra cosa distinta. Es que en los casos en que el acusado esté siendo imputado por cualquiera de los delitos que están en el artículo 19, el juez no tiene margen para decidir, el juez está obligado de oficio, de manera automática”, advirtió.
Por su parte, la priista Claudia Anaya señaló que con la reforma los senadores parten de la falsa premisa de que toda persona que es detenida por un delito es culpable y tiene que ir a la cárcel, con lo que se rompe el principio de presunción de inocencia. Puso el ejemplo con la inclusión del uso de facturas falsas.
El yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México, reconoció que la prisión preventiva oficiosa es una medida radical pero justificó con que la población pide que se encarcele a las personas que comenten un delito.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, criticó que la reforma representa uno de los fracasos del Estado mexicano para otorgar acceso a la justicia y se utiliza una supuesta salida para resolver la delincuencia y la impunidad que afectará a las personas más pobres.
La prisión preventiva oficiosa se ha utilizado desde hace tres lustros en México, por gobiernos que se han señalado como opuestos. La primera reforma para aplicar este recurso ocurrió bajo el gobierno del panista Felipe Calderón en 2008. La lista de delitos aumentó al final de esa administración en 2011 y creció aún más al inicio del sexenio de López Obrador, en 2019.
Con la reforma recién aprobada, a la lista de delitos se sumarán la extorsión; delitos relacionados con el fentanilo y drogas sintéticas; así como aquellos que atenten en contra de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
La reforma será enviada a los Congresos locales para ser avalada por al menos 17 de ellos y posteriormente ser regresada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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