El pasado 31 de octubre, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se oficializó la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución, que refuerza la supremacía constitucional. Desde ese momento, el Senado, bajo el liderazgo de Gerardo Fernández Noroña (Morena), ha manifestado su intención de evitar cualquier recurso que pueda detener esta modificación.
Los senadores de Morena argumentan que, con la entrada en vigor de la reforma, no existen fundamentos jurídicos para que la SCJN dé cabida a los amparos y controversias presentados. En este sentido, Fernández Noroña solicitó que la SCJN sobreseyera estos recursos, es decir, que los declarara sin materia. Según los legisladores de Morena, esta reforma ya es parte de la Constitución, y cualquier intento de impugnación debería considerarse improcedente.
La postura de Morena no fue bien recibida por las bancadas de oposición. Guadalupe Murguía (PAN) y Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) expresaron su rechazo, sosteniendo que la SCJN debe analizar y resolver cada acción de inconstitucionalidad. Para ellos, ningún cambio en la Constitución debe usarse para vulnerar los derechos ciudadanos.
Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito,” calificó la reforma como una "locura" y advirtió que el Senado está tratando de influir indebidamente en la SCJN. Según Moreno, la SCJN debe actuar con independencia y continuar con el análisis riguroso de cada impugnación, protegiendo así el estado de derecho en México.
Mientras la SCJN se prepara para revisar los recursos de inconstitucionalidad, su decisión es crucial para el futuro de la reforma y para la credibilidad de las instituciones democráticas en México. Según el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, los ministros deberán considerar si esta reforma afecta los principios de independencia y equilibrio de poderes.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la posibilidad de elección de jueces y magistrados por medio de votación popular, lo que, según la oposición, podría politizar al Poder Judicial. La reforma propone que estos funcionarios se sometan a elecciones, lo cual podría cambiar la dinámica del sistema judicial en el país.
La SCJN tiene la tarea de decidir si da validez a la reforma o si mantiene los amparos y recursos en curso. En este contexto, los senadores de oposición sostienen que la SCJN debe actuar de forma independiente, defendiendo el orden constitucional y el respeto a los derechos fundamentales.
Uno de los puntos en disputa es la interpretación de la retroactividad en la aplicación de la ley. Para la oposición, cualquier disposición constitucional que restrinja derechos no puede aplicarse retroactivamente, ya que iría en contra de los principios de seguridad jurídica. Sin embargo, algunos legisladores de Morena consideran que, al ser parte de la Constitución, la reforma tiene una posición privilegiada que debe respetarse.
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